Así como las marchas de los pingüinos marcaron el 2006 y las protestas contra HidroAysén el 2011, el año 2016 será recordado por las masivas manifestaciones en contra de nuestro sistema de pensiones. El mundo político, sensible a las demandas ciudadanas, no tardó en adherir a la causa y rápidamente el Gobierno anunció modificaciones al sistema. La rápida irrupción del tema no dio tiempo para un diagnóstico acabado y, menos aun, para un análisis profundo de las propuestas. En ese contexto, no puede más que valorarse el que se de espacio para allegar antecedentes, elaborar informes y escuchar a los expertos en aras a un eventual acuerdo.

Es difícil esperar que lo que finalmente se presente al Congreso sea fruto de un análisis estrictamente técnico, puesto que en política no queda otra que congeniar lo correcto con lo posible. Sin embargo, pareciera haber algunas luces que pudieran guiar la discusión dentro de un marco razonable, pese a la persistencia de consignas y desinformación que surgen desde algunos sectores.

Lo primero a destacar es que, finalmente, se difundieran las cifras oficiales de los montos de las pensiones, datos que estuvieron incomprensiblemente ausentes hasta la fecha. Durante meses se informó que el promedio total de pensiones entregadas por el sistema de AFP apenas superaba los $200.000 pesos, causando gran irritación. Ahora que la Superintendencia de Pensiones entregó de manera desagregada los montos de pensiones autofinanciadas, se reveló lo obvio: las pensiones son más altas cuando hay mayor ahorro. Así, para quienes cotizaron toda su vida laboral (más de 35 años), la pensión promedio superó $640.000. El problema, es que más de la mitad de los pensionados (57%) cotizó por menos de 20 años y 3 de cada 10 personas lo hicieron por menos de 10 años, lo que inevitablemente altera los montos promedio. De hecho, la densidad de cotización es apenas 53%; vale decir, en promedio solo se cotizó por la mitad del tiempo que correspondía.

Otro dato: el 70% de los fondos acumulados por el sistema de capitalización individual corresponde a la rentabilidad obtenida por las AFP y solo el 30% a aportes de los cotizantes, dando cuenta de un excelente desempeño. Si a ello se suma que a la fecha nunca se ha conocido de irregularidades en el manejo de estos fondos, pareciera razonable argumentar que el problema no radica en el sistema de administración de los fondos, sin perjuicio que, como todo, sea perfectible.

Tampoco parecen haber dudas de la necesidad de actualizar nuestro sistema de pensiones, diseñado hace 35 años atrás, cuando las condiciones eran distintas a las actuales. Un claro ejemplo; cuando se implementó el sistema en 1981, los hombres pensionados a los 65 años de edad tenían una expectativa de vivir hasta los 78, la que actualmente alcanza los 86 años. Igualmente, en el caso de las mujeres, que jubilan a los 60 años, la expectativa de vida subió de 81 a 90 años. Esto significa financiar, respectivamente, 8 y 9 años más de pensión respecto a la situación antes prevista.

Las bajas pensiones actuales y futuras, resultantes de una baja tasa y densidad de cotización, la mayor expectativa de vida, menores tasas de interés y la falta de oportunidades laborales formales, ha llevado a organismos internacionales e instituciones públicas y privadas a proponer una serie de medidas. Destaca la recomendación de la OCDE de no utilizar las contribuciones para financiar pensiones universales o básicas, sino hacerlo a través de rentas generales, algo que ha estado fuertemente en discusión. Otros informes, como el estudio encargado por el Ministerio de Hacienda al Banco Central de Chile, subrayan la incidencia que tendrían distintos sistema de pensiones en el equilibrio macroeconómico.

Pudiendo pecar de optimista, me parece que se estarían logrando algunas convergencias.  La primera dice relación con la absoluta inconveniencia de avanzar hacia un sistema de reparto, dado que sus efectos macroeconómicos serían, tal como señala el Banco Central, “negativos sin ambigüedad” para el ahorro, el consumo, la inversión, el empleo y las arcas fiscales, además elevar menos las pensiones en régimen.

Un segundo punto de consenso es la necesidad de realizar actualizaciones paramétricas, tales como aumentar la tasa de cotización y elevar e igualar la edad de jubilación (vinculándola a la expectativa de vida). A ello se suma la pronta y gradual incorporación de la obligatoriedad de cotización a los trabajadores independientes y la búsqueda de mecanismos que permitan aumentar la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario generando la menor distorsión posible en el mercado del trabajo y el ahorro. Hay además otras ideas interesantes a evaluar, como los seguros de cuarta edad y propuestas para dar mayor flexibilidad al mercado laboral, los cuales apuntan en la dirección correcta si son bien diseñados.

Lo importante es que las medidas que finalmente se propongan no pierdan el foco, cual es aumentar las pensiones, minimizar los efectos macroeconómicos negativos y asegurar la sustentabilidad financiera. La pregunta es si el Gobierno se hará cargo de cada una de éstos o si caerá en la clásica tentación de pan para hoy, y hambre para mañana.

Columna de Susana Jiménez, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada hoy en La Tercera.-