Recientemente ha entrado en vigencia la polémica ley que regula el cobro de estacionamientos, la cual, según se ha expresado en algunos medios, ha producido un alza en algunas de las tarifas cobradas por su uso. Lo anterior, ha generado una serie de críticas por parte de diversos actores, reabriéndose la discusión acerca de si es razonable regular los precios de ciertos bienes y servicio, además del grado de “derecho” que tendrían los usuarios de utilizar un bien privado sin entregar a su dueño nada a cambio.

Recordemos que esta ley en su versión original, presentada por parlamentarios de la bancada DC, contemplaba dos horas y media de gratuidad en el uso de estacionamientos en locales comerciales y otros establecimientos, de los cuales 30 minutos eran a todo evento y las dos horas siguientes contra boleta de consumo. Luego, durante la engorrosa tramitación que tuvo esta ley, en la que el Gobierno cambió reiteradamente de postura, se terminó aprobando un sistema en que los proveedores de estacionamientos podían realizar cobros por tramos de tiempo vencidos, no pudiendo establecerse un periodo inicial menor a media hora ni redondear la tarifa al alza, o bien, realizar cobros por minuto efectivo de uso, quedando prohibido en ese caso el cargo por períodos, rangos o tramos de tiempo. “De esta manera y ante la actual polémica, los mismos parlamentarios que impulsaron inicialmente esta ley han señalado estos días que volverán a legislar sobre el tema, de manera de conseguir de una vez por todas la implementación de esta prometida y no menos populista gratuidad”, agrega el Abogado del Programa Legislativo de LyD, Jorge Avilés.

Según Avilés, cabe realizar algunos comentarios respecto a esta Ley. El primero es recordar que nada es gratis, ya que siempre alguien terminará pagando. Los estacionamientos requieren de grandes inversiones durante su construcción y sus costos de mantenimientos y operación, para ofrecer buenos estándares de servicio, no son menores (seguridad, cobranza, luces de disponibilidad, indemnización de perjuicios en caso de robos, etc.). Si los propietarios de estacionamientos no pudieran cobrar directamente a quienes haces uso de estos, todos los costos asociados terminarían siendo incorporados en el precio de arriendo de los locatarios y, eventualmente, en los productos vendidos. Esto genera una red indeseable de subsidios cruzados: desde peatones a automovilistas y desde quienes van a comprar hacia quienes sólo aprovechaban esta gratuidad para realizar trámites distintos a consumir en algún local determinado. De esta manera, “la gratuidad que algunos pretenden nuevamente imponer, beneficiaría mayormente a los segmentos más ricos y se transformaría en un impuesto encubierto para quienes no pueden –o no quieren-asistir en automóvil a estos centros comerciales. Por otra parte, y siendo un tema muy relevante, la gratuidad incentivaría un mayor uso de vehículos, lo que a todas luces resulta contrario a la política de trasporte público y cuidado del medioambiente que se ha venido propiciando”, explica el Abogado.

En segundo lugar, en opinión del investigador, cabe además recordar los ribetes constitucionales que esta gratuidad tiene. “Vulnera por una parte el derecho de propiedad, al limitar los atributos que todo propietario o dueño tiene sobre sus propios bienes, dándole a éstos un tratamiento más parecido al de un bien de uso público (como una plaza o una calle); vulnera además el derecho de igualdad ante la ley, al regular sólo a ciertos sectores y dejando fuera a otros que se encuentran en la misma posición fáctica y jurídica; y afecta el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, cuya únicas limitaciones son la moral, al orden público y la seguridad nacional”, enfatiza Avilés.

“Dicho todo lo anterior, y observando lo que ha ocurrido en este caso, constatamos que se debe ser muy responsable a la hora de establecer regulaciones, toda vez que sus efectos pueden ser imprevistos e incluso contraproducentes. Pero probablemente lo más preocupante del caso sea el hecho que algunos sigan abogando por regular precios en un mercado competitivo, sin tener ningún fundamento claro que lo justifique. Aceptar la intervención del Estado, en la forma de regulación tarifaria u otras medidas, cuando no existe razón fundada para hacerlo, es un riesgo que como país no debiésemos correr nuevamente”, concluye el Abogado de LyD.