Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Regla fiscal 2.0

Diario Financiero

La política de gasto del gobierno tiene importantes efectos en el desempeño económico. Consciente de ello, Chile implementó el año 2001 una regla de balance cíclicamente ajustado, en que anualmente se calculan los ingresos estructurales del fisco -calculados en función del crecimiento del PIB tendencial y el precio del cobre de mediano plazo- y se determina, según la meta establecida de superávit/déficit estructural, el gasto fiscal admisible.

La regla fiscal ha sido muy beneficiosa para mantener relativamente a raya la responsabilidad fiscal, pese a haber introducido cambios poco ortodoxos a la regla que le restaron transparencia (año 2009) y a haber avalado postergaciones a la corrección de los desequilibrios fiscales vía aplicación retroactiva de los parámetros (desde el 2015). Lo primero llevó a convocar una comisión asesora (Comisión Corbo) que entregó sus recomendaciones de perfeccionamiento a la regla fiscal el año 2011.

Hoy, nuevamente, resurge la preocupación por revisarla, a raíz del detrimento que muestran las cuentas fiscales y el consecuente riesgo de que la regla pueda perder credibilidad. En efecto, en los años recientes el déficit estructural ha mostrado un deterioro progresivo, estimándose del orden de 1,7% del PIB para este año. El relajo con el compromiso fiscal y la tendencia a comprometer cada vez mayores gastos está teniendo consecuencias: el déficit fiscal efectivo llegaría a 3,1% del PIB el 2016 y sería incluso mayor el 2017. La contraparte inevitable ha sido un aumento sostenido de la deuda bruta como porcentaje del PIB, la que se estima bordearía el 30% al año 2020.

¿Cómo apuntar hacia una regla fiscal 2.0? Lo primero que debiera considerarse es establecer un techo para la deuda fiscal que permita que la relación deuda a PIB sea sostenible en el tiempo y coherente con la capacidad de crecimiento de la economía, acotando de esta forma las desviaciones persistentes del déficit efectivo. Esta restricción no se consideró en la regla original puesto que la deuda bruta no era un problema para entonces (la relación deuda-producto se ubicaba por debajo de 5%); sin embargo, es del todo razonable establecer hoy un límite (tal como lo han hecho otros países con reglas fiscales) para evitar desequilibrios persistentes que amenacen la solvencia financiera del país. Un segundo aspecto clave es evitar el exceso de optimismo en las estimaciones que sobredimensionan la capacidad de gasto, a lo que se suman variaciones importantes en la determinación de los parámetros estructurales que no parecen justificables. Sería aconsejable establecer nuevos mecanismos para determinar estos parámetros, de manera que sean objetivos (con metodología conocida) y transparentes (sin espacio de discrecionalidad). Para ello podría evaluarse eliminar los Comités Consultivos y empoderar al Consejo Fiscal Asesor, con recursos que le permitan financiar estudios para determinar los parámetros estructurales y dándole atribuciones para revisar las proyecciones fiscales de mediano plazo y exigir medidas de corrección ante desviaciones del balance fiscal.

Columna de Susana Jiménez, Coordinadora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, en Diario Financiero.-

Tags:

otras publicaciones