La nueva ley de libre competencia introdujo la obligación de consultar las operaciones de concentración que pudieran tener algún efecto en la libre competencia. Por estos días se encuentra sometido a consulta pública el reglamento que detalla los antecedentes que deberán acompañar la notificación ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de dichas operaciones.
En particular, el reglamento en consulta establece una serie de antecedentes que deberán acompañarse en el proceso de notificación. Esto incluye información correspondiente a la operación de concentración propiamente tal, como el resumen ejecutivo de la operación, la individualización de los agentes económicos involucrados y la estructura de propiedad y control -previa y proyectada- de la operación de concentración.
La idea del proceso de notificación es que permita evaluar los eventuales riesgos que una operación pudiera significar para la competencia, no alterando con ello el normal funcionamiento de los mercados y la libertad de emprender. Para eso, la ley de libre competencia estableció que las notificaciones deberán acompañarse de los antecedentes necesarios para identificar la operación de que se trata y a los agentes económicos que toman parte en la misma y su grupo empresarial; los antecedentes que permitan evaluar preliminarmente los eventuales riesgos que la operación notificada pudiere significar para la libre competencia; la declaración de las partes en la que indiquen que, de buena fe, pretenden llevar a cabo la operación que se notifica, y los demás antecedentes que detalle el reglamento dictado por el Ministerio de Economía.
El reglamento en consulta va bastante más allá de lo que exige la ley, estableciendo requerimientos que son complejos de recabar, resultan redundantes o comprometen información sensible. La propuesta presentada parece olvidar que las empresas suelen no ser mono-producto, lo cual significa que en la mayoría de los casos en que se vean obligadas a notificar una operación de concentración deberán acopiar una gran cantidad de información y hacer un estudio exhaustivo de mercado que sólo puede beneficiar a economistas y abogados especialistas en la materia. En efecto, la gran cantidad de detalles y análisis exigido transforma el proceso de notificación en un acabado estudio de competencia que sobrepasa las capacidades de la gran mayoría de las empresas cuyas ventas anuales superan los UF 290.000 (equivalente a la fecha a aproximadamente US$ 11,5 millones).
La excesiva cantidad de antecedentes solicitados amerita una revisión exhaustiva, pues bien podría significar hacer de actividades económicas perfectamente legítimas, un camino lleno de vallas difíciles de sortear que terminarán afectando las decisiones de los agentes económicos.
