6 de Noviembre de 2016

¿Es razonable el reajuste salarial que piden los trabajadores del sector público?

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carolina-grunwaldLa discusión sobre el reajuste salarial de los trabajadores del sector público se ha venido complicando en los últimos días. El Ministro Valdés no ha recibido el apoyo necesario para aprobar el reajuste propuesto de 3,2%, al tiempo que los funcionarios de la ANEF han comenzado a movilizarse. Ellos solicitan un reajuste de 7% y critican la poca disposición del Ministro de Hacienda para negociar.

Comparando propuestas, vemos que aunque hay una diferencia importante, desde Hacienda han sido enfáticos en establecer que no es posible un reajuste mayor, dado el estado de las finanzas públicas; es decir, no hay más dinero y es importante mantener las cuentas fiscales en regla.

Sin embargo, al margen de lo anterior, es interesante revisar los elementos que debieran analizarse para realizar un reajuste en las remuneraciones.

Por una parte, los salarios deberían reajustarse por IPC, de modo de mantener el poder adquisitivo, asunto que estaría cubierto con el reajuste de 3,2% si consideramos que la inflación promedio proyectada para el año 2017 es de 3,2%, según el último Informe de Política Monetaria publicado por el Banco Central.

Otro aspecto a tener en cuenta sería un aumento en la productividad de las personas, lo que debería verse reflejado en una mejora salarial. Al respecto, tomando en consideración que este año la economía crecerá menos de 2%, es difícil incrementar los salarios amparados en una productividad mayor.

Podría argumentarse entonces que los trabajadores del sector público necesitan un reajuste muy por sobre el crecimiento de la economía debido a que ellos tienen salarios muchos menores al resto. Esto tampoco es efectivo. Mirando el Índice de Remuneraciones (IR) totales y del Índice de Remuneraciones de la Administración Pública que publica el INE, se observa que esta última ha tenido, en general, incrementos mayores. Al mismo tiempo, un estudio reciente publicado por Clapes UC establece, entre otras cosas, que la diferencia entre los ingresos de los asalariados del sector público y del sector privado es del orden del 44%.

Por lo tanto, al mirar las cifras, no se encuentran argumentos razonables que lleven a un reajuste mayor al que se está ofreciendo.

Columna de Carolina Grünwald, Economista Senior de Libertad y Desarrollo, en  Medio Regionales.-