La renuncia de derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos de aguas superficiales por parte de Endesa, asociados a proyectos hidroeléctricos por cerca 2.100 MW, constituye una innegable validación del modelo actualmente vigente. Según se ha expresado, el motivo de la renuncia dice relación con que los proyectos no contarían con el apoyo de las comunidades locales, situación a la cual se sumaría la falta de factibilidad técnica y económica de aquellos emprendimientos. A lo anterior se añade, como circunstancia esencial, el hecho que los derechos renunciados se encontraban sujetos al pago de patentes por no uso de las aguas –cerca de 20 millones de dólares al año- lo cual representaba un pasivo considerable para la compañía.

Las muestras de apoyo a la decisión en las redes sociales no se dejaron esperar y muchos celebraron la renuncia de derechos, sobre todo en los ríos Futaleufú y Puelo, lugares donde estos caudales podrían ser destinados a usos distintos del hidroeléctrico, como lo son la agricultura, el abastecimiento humano y otros. Lo paradójico de lo anterior fue que, en una coyuntura social en la cual abundan las ideas refundacionales, para lograr este resultado, no fue necesario modificar el Código de Aguas, sino que esperar a que el sistema de patentes por no uso funcionara adecuadamente. Este sistema, incorporado en nuestra legislación en el año 2005, después de una muy larga discusión parlamentaria y que afecta por igual a derechos de aguas antiguos y nuevos, tiene como objetivo que los titulares que no utilicen

las aguas se sometan al pago de una patente anual, cuyo monto se duplica a partir del sexto año y se cuadriplica a partir del undécimo. La premisa es que quienes no tuvieran real interés en utilizar las aguas, terminarían renunciando o desprendiéndose de los derechos o acabarían perdiéndolos en juicios ejecutivos de cobro en caso de no poder pagar las patentes.
El interés del Estado en este caso no está en la recaudación monetaria, sino en que las aguas se utilicen o vuelvan a estar disponibles para asignarlas a quiénes realmente las necesiten o quieran desarrollar algún emprendimiento. El Banco Mundial en el Diagnóstico de la Gestión de Aguas en Chile del año 2011, señaló que el sistema de patentes parecía ser adecuado, pero que debía esperarse a que operara la progresividad del cobro para determinar su real efectividad. Debemos recordar que para los derechos otorgados antes del año 2005, el próximo cobro de patentes que se publicará en enero del año 2017, se someterá al factor cuadriplicado. Es por esta razón, que se prevé que aumenten considerablemente las renuncias de derechos a partir de los próximos años, volviendo al Estado importantes caudales para volver a ser asignados para nuevos usos o reservados para fines ambientales o para el abastecimiento humano.

En virtud de la magnitud de esta evidencia, es que el ejecutivo debe replantearse si es conveniente insistir en una reforma al Código de Aguas en los términos en que se ha presentado, en relación a cambiar el modelo estableciendo concesiones temporales –máximo 30 años prorrogables bajo ciertas condiciones-, asociadas a usos específicos so pena de pérdida o no renovación, además de un complejo y burocrático sistema de extinción de derechos, lo que generará derechos de primera y segunda clase, encarecimiento del sistema crediticio, incerteza jurídica e insospechadas consecuencias en términos de contar con un buen clima para las inversiones. En este mismo sentido, es inconcebible que no se considere en la propuesta de modificación, un importante aumento presupuestario para que la Dirección General de Aguas pueda cumplir adecuadamente con sus funciones y en plazos acordes al desarrollo que ha experimentado Chile en las últimas décadas. Por todo lo anterior, la renuncia de derechos efectuada por Endesa viene a reforzar el carácter público de las aguas, y por esta razón, una modificación al Código de Aguas debería, además de consagrar la prioridad del consumo humano y saneamiento, centrarse en perfeccionar el sistema de patentes, mejorando el proceso judicial de cobro y obligando a los titulares de derechos a inscribirlos en los registros de propiedad de aguas.

La mirada de Francisco Echeverría, abogado y ex Director General de Aguas, para la Revista LyD.-