Justo antes de la elección municipal, y por ende contra el tiempo, el gobierno de Michelle Bachelet sometió a aprobación en el Senado la reforma constitucional que permite la elección por voto popular de los intendentes regionales, que ahora pasarían a llamarse gobernadores regionales. El propósito del gobierno es que estas autoridades se elijan en noviembre del próximo año, junto con las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, para lo cual la reforma debe estar aprobada durante el mes de octubre. De este modo, potenciales candidatos a gobernadores que están en el Gobierno pueden renunciar a sus actuales cargos (ministros, subsecretarios, intendentes) un año antes de la elección, cumpliendo así los requisitos para ser candidatos. El ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, encabezó en estos días un intenso lobby dirigido a obtener los votos necesarios para la aprobación del proyecto.

Desde distintas veredas se ha hecho ver lo inconveniente que resultaría aprobar un proyecto como éste, sin que se cuente con una institucionalidad regional madura y bien diseñada, que entregue facultades y recursos a esta nueva autoridad elegida por voto popular, considerando que conviviría con un personero designado por el gobierno central, que continuaría ejerciendo la representación del Presidente de la República en la región. Entre quienes criticaron el proyecto están los ex Presidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera.

Si el gobierno hubiese en estos años avanzado en reformas que realmente doten a las regiones de autonomía respecto del gobierno central en materia de recursos y competencias, sería responsable discutir hoy la conveniencia de contar con autoridades regionales electas en un marco en que fuere muy precisa la delimitación de funciones de las distintas autoridades. Sin embargo, la reforma constitucional tal como fue presentada, significa que terminaremos con autoridades regionales electas, y en lo inmediato sin muchos recursos, competencias ni atribuciones. En efecto, el proyecto mantiene intacta toda la actual institucionalidad de los gobiernos regionales, diseñados y pensados para que sean encabezados por alguien designado por el gobierno central. El contar con autoridades regionales electas, requiere de otro tipo de institucionalidad, con atribuciones y competencias bien definidas, así como mecanismos de financiamiento que no dependan sólo de la buena y arbitraria voluntad del gobierno central. En los últimos años, la inversión de decisión regional solo ha sido alrededor del 25% de la inversión pública efectiva, de acuerdo a la información entregada por el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, sólo uno de cada cuatro pesos destinados a inversión por el sector público es de decisión regional. El resto es definido por el gobierno central, principalmente a través de los ministerios de Educación, Obras Públicas y Vivienda. Por eso, aunque el nuevo gobernador tenga entre sus funciones la asignación de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, su poder real será bastante menor que el que aparenta.

Ello aumentará la conflictividad entre el nivel regional y el central, situación que en nada ayuda a emprender una reforma realmente descentralizadora. El gobernador regional vendrá a sumarse a los parlamentarios en una labor de lobby frente a las autoridades centrales para obtener más recursos, acentuado el sentimiento contra el centralismo que ya existe en el país, pero sin herramienta alguna para resolverlo. El escenario perfecto para que nadie se haga responsable de lo que ocurre en las regiones.

La precariedad de esta nueva institucionalidad resulta bastante evidente para cualquiera que estudie el tema. Sin embargo, para el gobierno de Bachelet es más importante el destino de los políticos afines que hoy ocupan cargos en la administración y que tendrían que salir de ellos al término de su mandato. Con esta reforma, les asegura una nueva oportunidad para seguir viviendo eternamente del Estado. Esto explica el afán que el ministro Eyzaguirre empleó en aprobar la ley.

La oposición del ex Presidente Lagos arrastró a algunos senadores, básicamente del PPD, que no quisieron dar su voto al gobierno, dificultando su aprobación. El senador Alejandro Guillier, en cambio, encabezó el apoyo al proyecto.

La tabla de salvación para Eyzaguirre podían ser entonces algunos senadores de oposición. El senador Ossandón y el senador Chahuán, ambos con aspiraciones presidenciales, han manifestado su apoyo al proyecto, haciendo probablemente el mismo cálculo que el senador Guillier.

El proyecto de reforma constitucional sobre elección de intendentes ha actuado así de parte aguas del populismo, separando a quienes buscan un mejor gobierno para el país de aquellos que sólo andan detrás de votos.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, en El Líbero.-