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Más y mejor institucionalidad

La Tercera

Ahora que conocemos el presupuesto podemos constatar que el gasto público crece 2,7% real, incremento que es consistente con el cumplimiento de la meta fiscal. Una tarea compleja para el Ministro de Hacienda, que sorteó con éxito lo que le ha valido merecidos parabienes.

Sin embargo, como ya hemos comentado, la situación fiscal no es tranquilizadora por el solo hecho de que se cumpla la regla fiscal. Para 2017 el déficit efectivo crece a 3,3% del PIB (unos US$ 8.000 millones), por sobre el estimado para el presente año (3,1%). Por su parte, el déficit estructural meta para 2017 es -1,5% del producto, también superior al -1,1% que hace un año se usaba en el Informe de Finanzas Públicas para las proyecciones de mediano plazo para 2017.

El mismo Informe nos muestra además que con los actuales supuestos, los gastos comprometidos exceden lo que permite la trayectoria de la regla fiscal vigente en un monto creciente cada año, siendo de US$ 370 millones en 2018, US$ 590 millones en 2019 y US$ 717 millones en 2020. Es decir, el informe señala que se han  asumido compromisos de gasto más allá de lo que permite la regla. Este ejercicio es pertinente para mirar los desafíos pendientes entre 2017 y 2020.

Las cifras anteriores son preocupantes, pues en ellas aún no se incluyen algunos gastos hoy estrictamente no comprometidos, pero que difícilmente se puede eludir sistemáticamente. Uno de ellos es el reajuste real de remuneraciones del sector público y los incrementos de subvenciones sobre la inflación. La inversión crece, aunque menos que el gasto corriente, sin saber cuánto corresponde a compromisos ya adquiridos (obras iniciadas) y cuánto espacio habría para obras nuevas. Nada hay por supuesto sobre temas que habrá que abordar como mejoras para los niños del Sename o incrementos adicionales en el pilar solidario de pensiones, por nombrar algunas. No son conocidos por ejemplo los supuestos gastos comprometidos en salud, que suelen sobre-ejecutarse y generar deuda. Y por cierto, cada nuevo compromiso programático requiere espacio adicional, que como vemos ya no existe. Cómo señaló el propio Ministro de Hacienda, en los años siguientes será necesario entonces revisar cuidadosamente los gastos y rebajar los más ineficientes. Ello ciertamente debe incluir revisar algunos compromisos vigentes y sincerar sus costos y beneficios, de modo de decidir fríamente, por ejemplo, si queremos gratuidad para los que tienen más, o preferimos nivelar la formación inicial de los niños con menos recursos. Debiera analizarse el uso de fondos en el Transantiago y sus fondos espejo y contrastarlos con el costo alternativo de aquello que se está dejando de financiar o revisar los incentivos del modelo y tratar de reducir costos y evasión. Por cierto, debemos volver a los viejos paradigmas de los criterios de focalización, eliminar dualidades, mejorar coordinación, y exigir criterios de costo eficacia y eficiencia.

Para enfrentar este escenario ayudaría fortalecer las instituciones y formalizar algunos instrumentos disponibles. Esto es especialmente cierto en materia fiscal, donde los incentivos del “mercado político” invitan  a gastar hoy entregando beneficios a los votantes y traspasar el pago a las generaciones futuras vía endeudamiento. Un ejemplo de ello es la regla fiscal, que busca definir el nivel de gasto a partir de un criterio, ordenando el análisis con un marco de referencia basado en criterios de sostenibilidad.

La coyuntura pudiera llevarnos a perfeccionar las proyecciones de mediano plazo, siendo recomendable estandarizar criterios y buscar una forma de visualizar el impacto de algunos gastos muy probables. Sin embargo, más importante es atender que nuestra institucionalidad no tiene instrumentos para poner freno a comprometer gasto más allá de las disponibilidades, y que ello puede ser un problema mayor con menores tasas de crecimiento de tendencia.

No parece suficiente que un Ministerio de Hacienda simplemente presente el problema de brechas crecientes en el mediano plazo y asegure que todos los compromisos programáticos están incluidos solo que más espaciadamente en el tiempo, pero por otra parte señale que en adelante habrá que ver qué gastos reducir. Se trata que el gobierno al comprometer gastos asegure su espacio en la regla fiscal en el mediano (y largo) plazo. Lo que debiera hacerse es proponer hoy cómo cerraría el gobierno esas brechas futuras, ya sea con propuestas para aumentar el crecimiento de tendencia y/o definiendo hoy qué gastos rebajaría y por qué medios o cuales derechamente  eliminaría. Por cierto, cada año se puede modificar esta planificación y cada gobierno tendrá sus soluciones alternativas, pero se habrá logrado que el gobierno que compromete gastos no sólo internalice el apoyo al nuevo beneficio, sino su costo alternativo, criterio coherente con la responsabilidad fiscal.

Incluso al presentarse un proyecto de ley que impacte el mediano plazo significativamente se debiera exigir un informe financiero más completo que cuantifique ese impacto en proyecciones de mediano plazo actualizadas año a año.

Esto sin duda nos llevaría a un debate presupuestario más complejo y para un debate informado es necesario contar con un Consejo Fiscal más independiente y con capacidad de realizar sus propios cálculos y estimaciones no solo del balance estructural sino de las proyecciones de mediano y largo plazo, así como del impacto cuantitativo de las propuestas de ajuste que propone la autoridad para cerrar escenarios de brecha negativa como el actual. Para que ello sea efectivo, deberá existir obligación de entregar antecedentes, de modo que cuente con los elementos para esta labor.

 Rosanna Costa, Subdirectora de Libertad y Desarrollo.-

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