El martes se dio inicio en el Congreso a la discusión por el reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público. Mientras Hacienda propone un reajuste nominal de 3,2%, los funcionarios exigen uno mayor, argumentando, entre otras cosas, que este sería menor al del año pasado. ¿Qué debería tenerse en cuenta a la hora de establecer un reajuste en salarios? Por una parte, las remuneraciones deberían reajustarse por la pérdida del poder adquisitivo del dinero, es decir, por la inflación. Además, en caso de que aplique, por variaciones en productividad de los trabajadores del sector. Otro aspecto es el reajuste de remuneraciones en el sector público en relación con el del resto de la economía. Vamos por parte.

Ajustando la propuesta de Hacienda por un 3% de inflación a noviembre, o por un 2,8% en base a la inflación esperada a un año plazo, se estaría ofreciendo un reajuste real entre 0,2 y 0,4%. Comparado con el reajuste nominal de 4,1% otorgado en 2015, que significó un reajuste real de -0,2% (dada una inflación de 4,3%), se estaría dando un reajuste mayor. Esto, aun cuando la economía crece menos (1,8% estimado para 2016 versus un crecimiento de 2,3% en 2015), por lo que sería difícil argumentar incrementos en la productividad.

En cuanto al nivel de remuneraciones de funcionarios del sector público respecto del resto de los trabajadores del país, tanto las cifras del INE como un estudio reciente de Rodrigo Cerda dan cuenta de una mejor situación laboral (y de salario) para los primeros. Tomando en cuenta el Índice de Remuneraciones (IR) totales y del Índice de Remuneraciones de la Administración Pública se observa que esta última ha tenido, en general, incrementos mayores. Por otra parte, el estudio recién mencionado establece, entre otras cosas, que la diferencia entre los ingresos de los asalariados del sector público y del sector privado es del orden del 44%. Entonces, se observa que la solicitud de un reajuste de remuneraciones de 7% nominal para el sector público no tiene sustento ni desde el punto de vista del poder adquisitivo de las remuneraciones, ni desde el de la productividad y tampoco desde la 'nivelación' con el sector privado. En tanto, la propuesta de Hacienda pareciera ser más que razonable.

Columna de Carolina Grünwald, economista senior de Libertad y Desarrollo, en Pulso.-