A principios del 2012 se realizó un referéndum en Suiza para aumentar en dos semanas el período vacacional, lo que fue rechazado por amplia mayoría. Para muchos se trataba de algo inaudito, pues reflejaba lo que pocos en Chile han entendido: que no existe beneficio gratuito. Ellos sabían que se resentiría la actividad productiva y con ello caerían los ingresos de la ciudadanía, lo que era un mal negocio para todos.
¿Qué ha pasado en Chile? De tanto repetir consignas, la ciudadanía se ha ido convenciendo que puede exigir derechos y sentarse a esperar que otros paguen por ellos. El mejor ejemplo lo han dado los estudiantes que insisten en la gratuidad en la educación superior, aún cuando hay necesidades mucho más imperiosas a las cuales destinar los recursos (partiendo por nivelar la cancha en la educación escolar). Sin embargo, lo ven como un derecho, y como tal, parece que alguien debe verse obligado a financiarlo.
La nueva bandera de lucha son ahora las pensiones. Se dice que son bajas por culpa de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y se quiere revivir el sistema de reparto, porque éste sería más "solidario". Poco parece importar que ello sea insostenible por los cambios demográficos, y que nuestra propia historia haya develado las ineficiencias e injusticias de tal sistema. Las AFP, en cambio, han alentado el ahorro individual, crearon un mercado de capitales fundamental para el crecimiento económico y acrecentaron las pensiones con una rentabilidad muy superior a cualquier otra alternativa de ahorro (de hecho, el 70% del fondo de pensiones actual está constituido por los aportes generados por los retornos del fondo).
Si lo que se quieren es elevar las pensiones, hay que resolver los puntos críticos, como las lagunas previsionales, la baja cotización y la temprana edad de jubilación, así como perfeccionar el pilar solidario. Las personas deben además comprender que la pensión nunca igualará los ingresos recibidos mientras se está laboralmente activo, lo cual debiera alentar a mantenernos participando del mercado laboral por el mayor tiempo posible. Pero en vez de aplicarnos en estos cambios, lo que supone un esfuerzo personal por generar mayor ahorro durante la vida activa, parece políticamente más atractivo proponer que "alguien" financie las mayores pensiones, como si los recursos sobraran.
Ya hemos visto suficientes malas políticas públicas basadas en promesas incumplibles. El sistema de capitalización individual amerita mejoras, sin duda, así como se requiere ampliar las oportunidades de ahorro y flexibilizar el mercado laboral para mejorar el acceso a trabajos formales, incluido el de los adultos mayores. Pero, tanto o más importantes es sincerar en el debate público que no hay mejor antídoto contra el subdesarrollo que valorar las responsabilidades individuales y el esfuerzo personal sin esperar prebendas, sin perjuicio de la aplicación de políticas focalizadas que puedan ayudar a los más desfavorecidos.
Columna de Susana Jiménez, Coordinadora de Políticas Publicas de Libertad y Desarrollo, en Diario Financiero
