En los últimos meses el gobierno ha sometido a un indecoroso bullying a dos instituciones. Primero fue el Tribunal Constitucional (TC), con la inédita amenaza de la Presidenta después del fallo en la glosa de gratuidad: “algunos quieren impedir que cumpla mi palabra. No me conocen…”. Ahora es el turno del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Hace algunos días éste rechazó la petición del gobierno que quería obligar a los canales de TV a transmitir avisos promoviendo el proceso constitucional. Y eso desató el bullying. El ministro Díaz los acusó de “obstaculización política”. Y el presidente del CNTV, actuando más como un funcionario de Palacio que como cabeza de una entidad autónoma, pidió que se modificara la norma para “que salgan más rápido iniciativas como éstas y no pidamos apoyos en la vereda del frente”. O dicho sin eufemismos, cambiar la norma para permitir que se imponga siempre la voluntad del gobierno… triste concepto del rol de los contrapesos.

Pero quienes votaron en contra del gobierno actuaron, a mi juicio, correctamente. Y es La Moneda la que no lo ha hecho bien, pues quiere aplicar de mala forma una herramienta poderosa.

El año 2014 se aprobó, tras mucha discusión, la posibilidad que un gobierno pudiera imponer a los canales de TV la transmisión de “campañas de interés público”. Si uno revisa el debate de la ley, gran parte de los parlamentarios ejemplificaron el alcance de la obligación con campañas vinculadas a catástrofes como las sequías (senador Pizarro) o terremotos (ex senador Gómez) o con campañas de salud pública como la del Sida (senador Navarro). Incluso el propio TC lo entendió así cuando sostuvo que había que distinguir entre campañas de interés público de “actividades de publicidad y difusión” o de “las políticas de difusión” de los gobiernos. Estas últimas no estarían amparadas por el nuevo artículo.

En resumen, nadie jamás pensó que pudiera imponerse esta obligación para promover uno de los ejes del programa del gobierno, como es hoy el cambio constitucional.

Pero una vez aprobada la ley, el rostro amable de la atribución desapareció por acción del gobierno. Con ello, no sólo vulnera la letra de la ley, sino que también desdibuja el alcance de esta atribución con peligrosas proyecciones. Si hoy intenta imponer sus campañas por TV para difundir uno de los ejes de su programa, ¿por qué mañana otro gobierno no podría hacer lo mismo con sus propios ejes programáticos? Atrás quedó la retórica de los terremotos y demás ejemplos invocados; atrás quedaron las palabras del TC que decía que esta norma aplicaba “cuando están en juego intereses superiores”. Ahora sólo queda un mal precedente -la autorización que el CNTV concedió hace unos meses- y un grupo de sus consejeros que, posiblemente pensando en el uso futuro de esta herramienta, se niegan prudentemente a volver a autorizarlo.

Este bullying tiene un sustrato más profundo. Es la lógica que reclama “estar conmigo o estar contra mí”. El gobierno parece obstinado en repetirle a las instituciones que le hacen contrapeso que no seguir su voluntad es enfrentarse a él… y de paso, sufrir un bullying institucional muy poco democrático.

Columna de Sebastián Soto, Director del Área Constitucional de LyD, en La Tercera.-