Presentar un proyecto de ley que no deje conforme a (casi) nadie a pesar de buscar satisfacer el compromiso gubernamental de gratuidad en educación superior, puede parecer una rareza. Sin embargo, se trata de un desafío inviable, siendo mucho lo que arriesgamos en esta aventura. A fin de cuentas, el proyecto debía hacerse cargo de una promesa que tiene más de quimera que de viabilidad, que además debe montarse sobre un sistema que opera razonablemente bien, con universidades entre las mejores de América Latina (aunque con alta dispersión), lo que no significa que no deba aspirarse a más. Un sistema universitario con cobertura similar a la media de países de la OCDE y que ha crecido en forma sostenida principalmente en los hogares de menores ingresos: en los estudiantes de hogares del primer quintil la cobertura bruta pasó de 6% a 15% entre 1990 y 2013. Más complejo aún si se reconoce que nuestro país destina a educación superior un 2,6% del PIB, versus el 1,5% promedio OCDE, de los cuales 1,6% lo aportan los privados. Esto muestra el esfuerzo que debe hacer el Estado sólo para sustituir el aporte privado por uno estatal, antes de entrar a incrementar los recursos del sistema, que es la demanda de las universidades estatales.
Un sistema que goza de autonomía, con una diversidad de propuestas, que se ve amenazado en el proyecto de ley por una burocracia estatal adaptada de la estructura utilizada para el sistema escolar. La misma burocracia que además de revisar programas y carreras, definirá precios y cupos, con lo cual no cabe sino concluir que el sistema se ajustará por calidad tanto respecto de restricciones presupuestarias de cada año como de los errores en la definición de estas variables de parte de la burocracia estatal. Finalmente, una burocracia frente a la cual podrían presumirse además, riesgos de que no sea siempre inmune a presiones políticas y corporativas.
El proyecto realiza también un esfuerzo importante en cambiar el foco del sujeto de beneficios estatales desde los estudiantes a las instituciones, olvidando que es ese precisamente un foco de injusticia del actual sistema. Los alumnos de los hogares del 50% más pobre (y no es muy diferente en los deciles 6 y 7) estudian en un 50% en educación técnica (CFT-IP), un 25% en las privadas, un 10% en las privadas del CRUCH (G9) y un 15% en las estatales (cifras redondeadas). Pese a ello, el financiamiento del Estado privilegia a las dos últimas.
Los ingresos que reciben las instituciones de educación superior corresponden a aranceles, aportes fiscales, y prestación de servicios (y otros). Usando cifras del Ministro de Hacienda, el ingreso por alumno de las universidades estatales alcanza a $ 5.080 miles, mayor a los M$ 3.323 en las privadas.
En cuanto a la forma cómo se financian esos aranceles en cada caso (ver cuadro), las becas favorecen proporcionalmente más a las universidades del CRUCH, donde no se concentran los estudiantes de hogares de menores ingresos. El Crédito, en cambio, se distribuye más menos en forma proporcional, aunque en el CRUCH se usa más el Fondo Solidario(algo más ventajoso que el CAE).
Cuando el gobierno anterior modificó el crédito (CAE) reduciendo su tasa a 2% y estableciendo un pago máximo de 10% del ingreso -cuyo saldo se extingue tras un plazo-, se alivió el financiamiento de los hogares pues la mejora cubre el 30% del financiamiento del arancel medio. Sin embargo, cabe relevar la parte que en promedio financian las familias sin ayuda alguna, y que tiende al 40% para los estudiantes en las universidades del CRUCH y al 60% en las privadas y CFT-IP.
En parte importante, porque el Estado favorece a las universidades estatales y del G9, a cuyos estudiantes entrega becas hasta por el 84% del arancel efectivo (promedio), pero no alcanza a cubrir el 50% en las privadas y CFT-IP. Por su parte, el crédito cubre hasta el arancel de referencia, que también está más castigado respecto del efectivo en estas últimas.
Es decir, hay un flujo de beneficios que no están siendo entregados a quienes más lo necesitan, aunque ello debiera considerar que se acote a instituciones acreditadas y que se trate de estudiantes con requisitos académicos proporcionales a la demanda de los estudios que realiza. Se requiere reducir la brecha entre el arancel de referencia, junto con perfeccionar la acreditación y mejorar la información hacia los estudiantes. Es necesario ordenar el sistema de ayudas estatales, usando criterios que favorezcan proporcionalmente con becas a estudiantes de hogares de menores recursos y un porcentaje creciente de crédito contingente en hogares de mayores niveles socioeconómicos.
Para fortalecer el acceso de los estudiantes de menores ingresos deben revisarse las becas de mantención y por cierto, no olvidar que para que tengan oportunidades reales de éxito, debemos mejorar la educación escolar. En resumen, no se requiere cambiarlo todo, pues el sistema funciona, pero es urgente poner el foco en quienes más lo requieren, con ajustes puntuales pero relevantes al sistema educacional.
Columna de Rosanna Costa, Subdirectora de Libertad y Desarrollo, en La Tercera.-
