Hace unos días, el Ministro de Hacienda recibió un importante respaldo de la agencia Standard & Poor´s, la cual mantuvo nuestra calificación pese a que el propio subsecretario de la cartera había preparado el camino para la probabilidad de un recorte. En mi opinión este voto de confianza no es a ciegas; se sustenta en una tradición de seriedad fiscal, pero también en la gestión personal de la autoridad. Tiene un gran valor poder mantener esta evaluación externa en tanto nos permite endeudarnos a una menor prima por riesgo, favoreciendo el financiamiento de proyectos a menor costo.

Pero este voto de confianza significa que hay credibilidad en que el país realizará su ajuste fiscal y está trabajando en esa dirección. Hoy los ingresos permanentes del gobierno son menores a los que se consideraron al diseñar el programa de gobierno. Ello, pues cayó el precio del cobre de largo plazo de la mano de un ciclo adverso en el precio de las materias primas y, porque factores externos y malas políticas internas han ido mermando también nuestra capacidad de crecer y generar riqueza.

Aproximémonos a la magnitud de la tarea pendiente. En 2016 se espera alcanzar un déficit estructural (o de largo plazo) de 1,3% del PIB (unos US$ 3.100 millones), para un precio del cobre de largo plazo en 2,57 US$ la libra, y un crecimiento del producto de tendencia algo menor a 3,6%. Todas cifras oficiales. Sin embargo este déficit puede subestimar la realidad por tres factores. Uno, estos parámetros (precio del cobre y crecimiento de largo plazo) pueden estar aún sobrestimados. Dos, reconoce como permanente una recaudación extraordinaria en 2015, parte de la cual puede ser transitoria. Finalmente, supone validar un recorte de gastos como permanente equivalente a 0,2 puntos del PIB, pese a que al analizar su composición ello no resulta tan convincente.  Luego, la tarea fiscal que está pendiente es rebajar un déficit estructural que puede estar entre 1,3% y 2% del PIB (US$ 3.000 a 4.800 millones). O bien, miramos mejor el déficit efectivo en torno a US$ 7.000 millones.

La manera de reducir un déficit no es otra que frenar la expansión del gasto a una tasa por debajo del crecimiento de los ingresos.

Hay algunas presiones adicionales que hacen la tarea más compleja.

La primera de ellas es la demanda de recursos para capitalizar empresas públicas. En este caso no se afecta el déficit en la medida que se sustituye un activo por otro (siempre que ese activo tenga rentabilidad privada, es decir, no tenga un componente de subsidio). Sin embargo, se trata de sustituir activos financieros del Fondo de Estabilidad Económico y Social (FEES) o incrementar la deuda bruta en más de 5,5 puntos del PIB, para financiar activos menos líquidos, incrementando la deuda neta del gobierno. Estoy considerando en los aportes al Fondo de Infraestructura por US$ 9.000 millones, no obstante el informe financiero contempla solo US$ 1.000, aportes a Codelco por US$ 4.000 millones, a Enap y TVN por US$ 495 millones.

La segunda es la creciente presión política por mayor gasto, de la mano del ciclo electoral y de la falta de orden que se percibe en la coalición de gobierno alimentada por el bajo respaldo político. Bajo esta categoría no debe tampoco dejar de mencionarse un déficit en la salud pública que no ha terminado de controlarse.

La tercera y más importante es lo que está pendiente del programa de gobierno que desde el punto de vista de financiamiento en lo más sustantivo se trata del financiamiento de la gratuidad de la educación superior, que algunos estudios cifran en un piso de US$ 3.500 millones.

Se menciona que el programa se implementará, solo que se dilatará en el tiempo, esa es una verdad a medias si se quiere ser consistente con la tarea de restablecer el ajuste fiscal. En primer lugar, porque los gastos comprometidos ya son iguales a los ingresos esperados en un horizonte de mediano plazo (así lo muestra un análisis de las proyecciones oficiales para el período 2017 a 2019). Luego, el mayor crecimiento esperado en los años siguientes ya financia otros gastos comprometidos. Lo que se requiere es un mayor crecimiento de largo plazo que permita alcanzar un mayor nivel de ingresos permanentes, respecto a los supuestos algo optimistas antes señalados o sustitución de gasto o mayor eficencia. Sólo si logramos incrementar la productividad, o cuando suba el precio del cobre de largo plazo, ello sería posible.

Para clarificar, cuando el gobierno menciona que se financiará a partir del momento en que se cuente con recursos excepcionales (mayor nivel en la tendencia del producto), estamos en un escenario en que hacia delante no hay espacio para nuevos compromisos, y ahora, si se logra incrementar la capacidad de crecimiento, primero esos recursos van a gratuidad de educación superior. Es ciertamente responsable en el sentido que hoy no hay financiamiento y se posterga, pero compromete recursos más allá de lo razonable.

A estas alturas, vale la pena preguntarse si se justifica insistir en la gratuidad de la educación superior. Yo estoy convencida que no. El foco debiera estar en facilitar el acceso a la educación superior de jóvenes talentosos de hogares de menores recursos que hoy no logran hacerlo por el costo de mantenerse mientras estudian. Ellos podrían realizar aportes iguales a un porcentaje acotado de sus ingresos una vez egresados y trabajando, cuando ya han accedido a mejores niveles de ingreso. Corregir esto tiene un impacto financiero menor y logra efectivamente una mayor equidad en el acceso.

Columna de Rosanna Costa, Subdirectora de Libertad y Desarrollo, en La Tercera.-