En su Programa de Gobierno, la Presidenta comprometió el financiamiento público de la educación superior gratuita para los alumnos pertenecientes a los hogares del 70% de menores ingresos del país, que según nuestras estimaciones serían del orden de 745 mil, o bien 670 mil si se cuenta sólo a aquéllos que asisten a instituciones de educación superior acreditadas.

Para avanzar hacia el cumplimiento de dicho objetivo, en la Ley de Presupuestos del sector público para este año se dispusieron más de $ 500 millones (de los cuales el 30% fueron recursos frescos y el resto provino de una disminución del presupuesto para becas y el crédito del fondo solidario), que  finalmente el Gobierno optó por destinar a los alumnos del 50% de menores ingresos del país que estudiaran en alguna de 30 universidades elegibles (las 25 universidades del CRUCh más otras 5). Según estimó en ese momento, esto beneficiaría a 178 mil estudiantes.

Pues bien, luego del proceso de admisión 2016 y tras la revisión de antecedentes socioeconómicos y requisitos académicos, hace unos días se informó que hasta la fecha hay 125 mil alumnos seleccionados para ser beneficiarios de la gratuidad. Este número está en línea con los 133 mil que según estimamos, recibieron alguna beca de arancel en esas mismas 30 universidades el año 2015. Becas que en el caso de las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh) cubrían hasta un arancel de referencia fijado por el MINEDUC. La gratuidad en tanto, cubrirá un monto promedio calculado sobre la base de dichos aranceles de referencia.

En ese contexto, pareciera que más que una gratuidad en términos de que el Estado asuma el costo efectivo de proveer los recursos que hasta el año pasado estaban pagando los alumnos (dado el sistema de becas ya existente), ésta es una fijación de aranceles llevada a cabo a través de la prohibición de que las universidades cobren a los estudiantes beneficiarios un copago adicional por sobre la ayuda estatal. Así, si comparamos la situación previa con becas más copago, y la actual con gratuidad, encontramos que en realidad son las universidades las que están pagando el costo de funcionar con menos recursos que antes. Bien lo dijo Carlos Peña, rector de la UDP, a revista Capital: “No hay ninguna universidad del sistema que para 2017 pueda hacer ajustes como éste. No se puede y sería un desastre para el sistema”.

Lo cierto es que para el próximo año, a falta de un consenso en el oficialismo respecto al envío de un proyecto de ley en esta materia, es probable que una vez más se recurra a la Ley de Presupuestos para tratar de avanzar hacia el cumplimiento del compromiso presidencial. Y para el mediano-largo plazo, según se desprende de los borradores que se han dado a conocer, la intención del Gobierno sería eliminar el sistema de ayudas estudiantiles que hoy existe (becas y créditos). Esto significa que los alumnos de instituciones que no participen de la gratuidad, que no cumplan con los requisitos impuestos o que simplemente sean excluidas por el Gobierno (como ocurrió este año con los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales), no recibirán apoyo alguno del Estado para financiar sus estudios.

Hoy contamos con un sistema de becas y créditos que a pesar de sus defectos, ha sido un aporte. Quienes critican el Crédito con Aval del Estado (CAE) que partió el año 2006, debido al endeudamiento que éste generó, omiten que todo préstamo  tiene un costo y que para hacerlo menos gravoso, desde el año 2011 el Estado lo subsidia a través de la tasa de interés y de la fijación de un límite máximo para su pago. Más aún, lo evalúan respecto a un escenario ideal como la gratuidad absoluta en que “paga moya”, y no en relación a la situación previa en la que los jóvenes de bajos ingresos simplemente no tenían acceso a los recursos para costear una carrera en una institución fuera del CRUCh. Hasta el año 2015 se habían beneficiado con el CAE del orden de 500 mil estudiantes de primer año y el Banco Mundial cifró en 147 mil los estudiantes que hasta el año 2014, de no ser por el CAE, sencillamente no habrían podido matricularse en la educación superior. Adicionalmente, hay evidencia respecto a la contribución del CAE a la reducción de la deserción, especialmente entre los alumnos más desaventajados.

Como hemos podido constatar durante estos primeros meses de implementación de la gratuidad, la fijación de aranceles que ésta implica es sumamente compleja para el desarrollo del sistema de educación superior. Del mismo modo, el Gobierno optó por una gratuidad que discrimina en forma arbitraria a estudiantes con igual necesidad. Así las cosas, es fundamental que se preserve un sistema de ayudas estudiantiles alternativo a la gratuidad, al que puedan optar los alumnos que asistan a instituciones acreditadas. De lo contrario, se construirá un sistema con instituciones “para ricos y para pobres”, se estancará la cobertura hasta el nivel que pueda financiar el Estado, y se limitará el progreso en calidad que necesitamos para acercarnos al resto del mundo.

Columna de María Paz Arzola, Investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, en Voces La Tercera.-