En la cuenta pública del 21 de mayo, la Presidenta redujo su meta de gratuidad en Educación Superior hasta los estudiantes del 60% de menores ingresos del país. Si bien comparto dicha rebaja, me molesta que la Presidenta reconozca ahora y no durante su campaña, lo inviable del “ofertón” que prometió en ese momento. No soy partidaria de concentrar el mayor gasto público en Educación Superior. Menos aún en gratuidad de aranceles, cuando el énfasis debiera estar en los niveles previos y en el financiamiento de gastos de mantención, que son los que al final del día restringen el acceso de los jóvenes más modestos a la Educación Superior, varios de los cuales necesitan por ejemplo, costear el traslado de ciudad para poder estudiar.

Lamentablemente, el Gobierno sigue con su agenda de gratuidad y, más grave aún, el discurso presidencial ratificó la intención de perseverar en un mecanismo discriminatorio y basado en arbitrariedades. Lo digo porque se habló de incorporar el 2017 a los alumnos del 50% de menores ingresos que asistan a instituciones de Educación Superior Técnico Profesional (ESTP), siempre que estén constituidas como persona jurídica sin fines de lucro y tengan cuatro o más años de acreditación.

Primero, es equivocado condicionar arbitrariamente la gratuidad a características de la institución, pues el financiamiento estudiantil es un beneficio para el alumno. La ayuda debiera por ello enfocarse en su necesidad. Pero además, es discriminatorio que las exigencias sean dispares: el requisito de acreditación no rige para las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh), aun cuando al interior de éste hay 3 universidades estatales que lo incumplen. De esta forma, se excluirá de la gratuidad a unos 165 mil estudiantes del 50% de menores ingresos que estudian en 23 ESTP y a más de 80 mil de 14 universidades privadas, todas con igual o mejor acreditación que estas 3 universidades estatales que sí entran.

Así, vemos que los criterios ideológicos del Gobierno buscan favorecer a grupos de interés determinados, pero son no sólo incoherentes, sino opuestos a los objetivos de equidad y calidad que se suponía originaban esta reforma. En lo que viene, espero que los chilenos hayan aprendido la lección, y que sean más sensatos a la hora de evaluar promesas de campaña.

Columna de María Paz Arzola, Investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, en medios regionales.-