14 de abril de 2016

Trato preferente a universidades estatales

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MPA 2013Recientemente se conocieron los borradores que elaboró el Ministerio de Educación sobre la futura reforma a la educación superior. Éstos ratifican su intención de dar un trato preferente a las universidades estatales por sobre las demás instituciones, las que de todas formas deberán someterse a una tonelada de nuevas regulaciones que afectarán su autonomía y frenarán su progreso. Lo cierto es que, al revisar los datos disponibles, no encontramos una justificación para esta preferencia.

En términos de calidad, las 16 universidades estatales tienen un promedio de acreditación de 4,4 años, bastante menor a los 5,6 años de las universidades privadas del CRUCh, e incluso por debajo de los 5 años de acreditación promedio de las universidades privadas que no pertenecen al CRUCh, pero que están suscritas a la admisión vía PSU.

En cuanto a la investigación, el trato preferente hacia las universidades estatales tampoco se sustenta: el año 2013 éstas tuvieron un promedio de 0,9 publicaciones WOS (World of Science) por cada jornada equivalente, por debajo de las 1,07 de las universidades privadas del CRUCh y en línea con las 0,88 promedio de las universidades privadas no CRUCh suscritas a la PSU. Esto, a pesar del importante financiamiento público que año a año reciben los planteles estatales.

Asimismo, la discriminación señalada tampoco se sostiene en razones de equidad. Si bien la encuesta CASEN 2013 no distingue entre universidades privadas y estatales del CRUCh, muestra que éstas en conjunto atienden al 29% de los estudiantes que provienen de los hogares pertenecientes a los dos primeros quintiles de menores ingresos. En cambio, las instituciones de educación superior técnico profesional reciben al 40%, y las universidades privadas fuera del CRUCh al 31%.

Así, no existen razones para pensar que la educación superior estatal vaya a satisfacer de mejor forma objetivos de calidad o de equidad y que se les deba favorecer. Al contrario, son las instituciones privadas las que vienen realizando un mayor aporte público. De esta forma, pareciéramos estar nuevamente en presencia de una reforma que desconocerá la realidad y se construirá sobre diagnósticos erróneos.

 

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en Pulso.