Si bien el Gobierno no ha enviado un proyecto para reformar el sistema de financiamiento de la educación superior, a partir de los borradores difundidos hasta ahora podemos prever que el mecanismo elegido sería similar al de la gratuidad aprobada para este 2016. Simultáneamente, no se contemplarían mecanismos de financiamiento estudiantil alternativos, como becas y créditos, para los alumnos de las instituciones que no suscriban a la gratuidad. Esto significaría no sólo la separación de estudiantes según su capacidad de pago (“universidades para ricos y para pobres”) y la discriminación arbitraria del Estado en cuanto a su apoyo a individuos con igual necesidad económica; también tendría consecuencias negativas en el acceso.

Hoy contamos con un sistema de becas y créditos que no ha sido valorado en su justa medida. Hay quienes critican el Crédito con Aval del Estado (CAE) que partió el año 2006, debido al endeudamiento que éste genera, sin embargo, omiten que todo préstamo –especialmente un crédito estudiantil, producto de su naturaleza- tiene un costo y que para hacerlo menos gravoso el Estado lo subsidia a través de la tasa de interés desde el año 2011. Más aún, engañosamente lo evalúan respecto a un escenario ideal como la gratuidad absoluta en que “paga moya”, cuando lo que debieran hacer es contrastarlo con la situación previa en que muchos jóvenes simplemente no tenían acceso a los recursos para costear una carrera en una institución fuera del CRUCh. Es así como hasta el año 2015 se beneficiaron con el CAE del orden de 500 mil estudiantes de primer año y el Banco Mundial cifró en 147 mil los estudiantes que de no ser por el CAE sencillamente no habrían podido matricularse en la educación superior hasta el año 2014. Asimismo, hay antecedentes sobre la contribución del CAE a la reducción de la deserción, especialmente entre los alumnos más desaventajados.

Como hemos podido constatar durante estos primeros meses de implementación de la gratuidad, ésta inevitablemente termina por discriminar y por excluir. Si el afán del Gobierno es insistir en ella, esperamos que no sea en perjuicio de la gran mayoría de los estudiantes. A ellos se les debe ofrecer un apoyo alternativo como se ha hecho durante estos años.

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, publicada en Pulso.-