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Contrastes

La Tercera

En días recientes hemos visto convivir dos fuerzas contrapuestas medidas por su impacto en el crecimiento. Por una parte, se aprobó la reforma laboral y, por otra, un renacido interés gubernamental por la productividad.

Tras meses de debate buscando infructuosamente equilibrar el proyecto sindical, lo aprobado tendrá efectos adversos en el mediano y largo plazo. Todo realizado a espaldas del proceso de progreso tecnológico sustituidor de empleo menos calificado, que se manifestará en la medida que las industrias renueven sus sistemas productivos. Un proyecto que otorga la titularidad al sindicato con veto para decidir la extensión de beneficios al resto de los trabajadores, termina con el reemplazo de los trabajadores en huelga y establece la obligación de negociar con sindicatos inter-empresa en empresas más grandes, entre otras cosas. Algunos elementos están por ahora en manos del Tribunal Constitucional.

En una primera etapa puede favorecer mayores remuneraciones para algunos trabajadores. Sin embargo, como una empresa no puede pagar remuneraciones por sobre la productividad, pues ello significaría pagar por sobre el retorno que se logra con la venta del bien o servicio, ello evidentemente no se sostiene en el tiempo (salvo existencia excepcional de rentas en mercados no competitivos, casos en los cuales se esperarían preferentemente medidas para potenciar la competencia). No por casualidad los detractores de la reforma abundan en las filas de técnicos cercanos al gobierno.  

Se concreta así otra reforma macroeconómica de alto impacto, tras la tributaria, la cual además de afectar adversamente el ahorro se tomará su tiempo en crear doctrina, acumulando la interpretación de las nuevas disposiciones a casos específicos, y particularmente respecto a las normas anti-elusión.

Estas y otras transformaciones sectoriales están mermando la productividad y socavando confianzas de inversionistas y consumidores. A este voluntarioso esfuerzo reformista que no ha dado ninguna concesión ni en pos de la empleabilidad ni del crecimiento, se suma la reversión de un ciclo externo en el precio de commodities. Es importante constatar que así como en la etapa positiva del ciclo se diluyó la urgencia de avanzar más decididamente en pos de la productividad, en su reversión se corre el riesgo de una autocomplacencia cuando el foco en la situación externa sirve para no reconocer o minimizar el impacto de estas políticas internas.

Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda se han venido dando reiteradas señales de preocupación. El costo del menor crecimiento se hace sentir en la billetera fiscal. Mientras las proyecciones de crecimiento continúan a la baja, crece una inclinación por retomar la productividad, definiendo 2016 como su año y presentando una agenda con 22 medidas concretas (sin plazo), sucedida por la de la Comisión Nacional de la Productividad, con un consejo transversal y cuyo carácter es todo lo permanente que permite un decreto.

La productividad busca producir más con lo mismo y así apunta directamente a favorecer el crecimiento. Para crecer se requiere mejor uso del trabajo y del capital, e incrementar la calidad y cantidad de ambos. Hacia adelante, entonces, debemos aumentar la participación laboral y vincular mejor la formación con la producción; encontrar mecanismos para estimular la inversión y, hacerla más eficiente, aumentando la competencia (y la meritocracia) y la flexibilidad de los mercados; modernizar el Estado, fortaleciendo su capacidad técnica, buscando eficiencia regulatoria, reduciendo trabas innecesarias, fortaleciendo el estado de derecho en un sentido amplio, etc. Y hacia allá apuntan todas las agendas. Un conjunto de medidas que individualmente tiene menor valor que en su globalidad, donde se potencian.

Este esfuerzo por poner el foco en el crecimiento ha convocado también al sector empresarial, que presentó una agenda de 109 medidas elaborada durante meses por más de 100 personas. Cabe destacar también los esfuerzos del gobierno por sumarse a esta cruzada, no sabemos cuánto por convicción y cuánto por necesidad. Como sea, la propia Presidenta se ha comprometido dando señales de valorar la agenda. Más aún, la CUT, lograda la reforma laboral a su satisfacción e iniciado ya el proceso constituyente, prepara también su propia agenda, una vez que las reformas que consideran más relevantes y urgentes se han concretado o están suficientemente encaminados como para dificultar sean frenadas.

Dos preguntas quedan abiertas: la magnitud del efecto en las expectativas y los alcances concretos de este ímpetu, dado que siguen en marcha aún otros procesos muy lesivos, buscando en concreto dejar de subordinar el crecimiento. Es precisamente la agenda de la Comisión de Productividad la que además de coincidir en los lineamientos anteriores, agrega algunas iniciativas más estructurales que aportan institucionalidad. La primera, estimar el impacto sobre la productividad de los proyectos de ley, previo a su tramitación. Segundo, evaluar permanente los costos de la regulación, de tal suerte de no experimentar costos por falta de ella ni por exceso, así como asegurar la suficiente adaptabilidad a nuevas tecnologías con miras a mejorar la calidad de servicios y potenciar sus virtudes en pos de aumentar la competencia.

 

 

 

 

 

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