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Agoreros de la reforma educacional

Voces La Tercera

Hace algunas semanas, acercándose el inicio del año escolar, la Presidenta apareció celebrando lo que a su juicio constituyen “frutos” de la reforma educacional que su gobierno ha impulsado. En dicha oportunidad, declaró además que los “agoreros que pronosticaron que no íbamos a poder hacerlo y que sería un retroceso, la verdad es que se equivocaron”.

Dado que me considero parte de esos “agoreros” a los que ella hace alusión, debo decir que, dado que esta reforma está recién empezando, no existen antecedentes suficientes para asegurar que quienes advertimos sobre sus potenciales efectos negativos nos hayamos equivocado. Veamos por qué.

En relación a la gratuidad en educación superior, si bien no se conocen aún las cifras definitivas (debido a una nefasta gestión a la hora de revisar y acreditar los antecedentes socioeconómicos de los beneficiarios), la información más reciente no permite ser muy optimista a la hora de buscar un impacto positivo en el acceso de los alumnos de menores ingresos a las universidades participantes en dicho programa. La razón es que el número de alumnos de primer año que estimamos serán beneficiados con gratuidad en las universidades del CRUCh llegaría finalmente a un número muy similar a los 30 mil alumnos de los 5 primeros deciles que el 2015 se beneficiaron con una beca de arancel en primer año.

Esto significa que la gratuidad, en lugar de ser un impulso para quienes se estaban viendo imposibilitados de acceder a la educación superior, estaría llegando a quienes de todas formas ingresarían a este nivel educativo.

En cuanto a la reforma a nivel escolar, es todavía pronto para celebrar: la peor parte de la mal llamada “ley de inclusión” aún no entra en vigencia, pues su puesta en marcha tardará al menos 5 años.

Este año 2016 comienzan a regir las nuevas condiciones para la expulsión de alumnos, el aumento de subvenciones para comenzar a suplir el copago de los establecimientos con mensualidades más bajas, y la prohibición de que las escuelas gasten sus recursos en algo diferente a lo que detalle un reglamento que acaba de ser dictado (y que hasta hace una semana los sostenedores desconocían). Y por si quedan algunos valientes con intenciones de colaborar en educación, es bueno que sepan que desde este año sólo se permitirá la entrada de nuevos colegios subvencionados cuando la Superintendencia estime que existe una demanda insatisfecha que no puede ser cubierta por establecimientos similares ya existentes en el territorio (independiente de la calidad de éstos).

Luego, el año 2017, partirá el nuevo proceso de admisión centralizado para los alumnos que ingresen al curso inferior de cada uno de los establecimientos escolares de la XII región.Éste se irá extendiendo en forma muy gradual hacia los cursos superiores y las demás regiones. Y más adelante entrarán en vigencia nuevas obligaciones para los sostenedores: la exigencia de que el sostenedor educacional sea una persona jurídica sin fines de lucro (desde el año 2018) y la de comprar el inmueble en que funciona el colegio (para el año 2019 o a fines de 2020, según si el sostenedor es ya una persona jurídica sin fines de lucro o si deberá transformarse). Por su parte, quienes hoy se encuentran arrendando, tendrán plazo hasta máximo 2021 para seguir haciéndolo en forma excepcional. Hasta aquí mucho de burocracia y poco de calidad.

Con todo, me parece que la Presidenta se apresuró en sus celebraciones: una cosa es aprobar leyes y otra muy distinta constatar el impacto positivo que con ellas se buscaba. Hasta que esto último no ocurra, los “agoreros” seguiremos mostrando nuestra preocupación, a ver si tal vez conseguimos que esta reforma se corrija.

 

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en Voces de La Tercera.-

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