En entrevista con el diario El Mercurio, el mes de septiembre pasado, Nicolás Eyzaguirre reconoció que “la gestión del Gobierno no ha sido buena. Los problemas que tenemos en salud y en seguridad ciudadana son inaceptables. Inaceptables. Hay que mejorarlos sí o sí”. Además, sobre la reforma educacional, Eyzaguirre indicó que “el programa educacional padeció de exceso de ambición” y que mientras estuvo a cargo de la reforma “no tuve la conciencia que hoy tengo de cómo las cosas se estaban crispando”. “Si pudiera hacerlo distinto, habría sido súper cuidadoso en siempre buscar el consenso”, agregó. En esa línea, argumentó que “estábamos en una vorágine de reformas que no íbamos a ser capaces ni de diseñar apropiadamente ni de tramitar políticamente, sin provocar excesivos conflictos”.

Si atendemos a lo que ha sucedido esta semana en el Congreso, no queda otra que concluir que Eyzaguirre nos está tomando el pelo. Tratando de cumplir con el pie forzado que se ha puesto la Presidente Michelle Bachelet de aprobar en esta legislatura siete proyectos “emblemáticos” (¡cuánto daño le hace esa expresión a la política!), el ministro de la Presidencia está empeñado en despachar en 23 horas cuatro proyectos de ley de gran importancia y consecuencias para el país, como son la ley de partidos políticos, el financiamiento de la política, la adecuación de la reforma tributaria y la carrera docente.

Esta desesperación de última hora tiene que ver con el que otros tres proyectos que eran prioritarios para el gobierno no alcanzaron a ser despachados: la reforma laboral, la agenda corta antidelincuencia y las modificaciones en materia de libre competencia; todas ellas fundamentalmente por diferencias internas entre parlamentarios de la Nueva Mayoría.

La reforma a la reforma tributaria, que ya es un proyecto que corrige manifiestos errores de la ley anterior que también fue aprobada con gran presión del Ejecutivo por cumplir plazos exigentes, fue el primero de los cuatro proyectos en ser aprobado, lo que ocurrió el día de ayer. Más de 500 páginas tenía el texto comparado de este proyecto y los senadores tuvieron menos de 24 horas para analizarlo. Una verdadera burla al Congreso.

Los dos proyectos relacionados con la política le siguieron. Tanto aquel que regula el funcionamiento de los partidos políticos, que ahora pasan a ser personas jurídicas de derecho público, como el que modifica las normas sobre funcionamiento de la política fueron aprobados también el día de ayer por el Senado. Ambos proyectos forman parte de la llamada agenda de probidad, que se elaboró luego del informe de la Comisión Engel. Esta agenda avanzó con paso de tortuga en sus inicios; piensen nada más que la Presidenta Bachelet designó al entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, como encargado de la agenda al interior del gobierno. Y, a última hora, prácticamente en una semana y con la notoria presión del propio Engel, fue aprobada como parte de este frenesí legislativo.

En definitiva, el gobierno de Michelle Bachelet, con todas sus carencias y fallas, ha demostrado una voluntad implacable para sacar adelante su agenda legislativa, imponiendo las mayorías legislativas. Se mantiene en este aspecto la doctrina Peñailillo y la Presidenta, con toda la debilidad que pudiera suponérsele por los problemas objetivos que tiene su gobierno, vuelve a mostrar su voluntad de imponer su agenda socialista.

En definitiva, la baja popularidad presidencial, en lugar de amilanar a la Presidenta, ha actuado como un acicate para continuar con su agenda. El razonamiento parece ser: si ya nuestra popularidad no repunta, usemos las mayorías parlamentarias para dejar a este país lo más cerca posible de nuestro proyecto socialista. Los perjudicados son los chilenos, que ven disminuir cada vez más su calidad de vida. Otros perjudicados pueden ser los partidos y candidatos de la Nueva Mayoría en las elecciones futuras, que corren el riesgo de ser castigados por los votantes por el pésimo gobierno de Michelle Bachelet. Un riesgo que la Presidenta parece dispuesta a asumir.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-