Un nuevo caso de colusión remeció a la opinión pública. Situaciones como ésta no solo dañan la sana competencia sino además enfervorizan a los detractores del sistema económico vigente.

Lo anterior resulta absolutamente contradictorio a la luz de nuestra propia experiencia. El modelo de desarrollo basado en el libre mercado ha elevado en forma significativa los grados de competencia, tal como lo revelan los indicadores que construye la OCDE. En particular, Chile ha transitado exitosamente hacia una economía con mercados más competitivos en los últimos 40 años, ubicándose hoy en niveles superiores a economías como Nueva Zelanda, Irlanda y Finlandia.

Esto confirma que el cambio hacia un sistema de mercado, basado en la apertura comercial y financiera y el rol subsidiario del Estado, logró su objetivo: alcanzar mayores niveles de competencia y contribuir con ello a elevar el crecimiento del PIB per cápita del país.

Generar condiciones de mayor competencia debiera, por tanto, ser una prioridad, más aun considerando que el mismo indicador de la OCDE revela cierto estancamiento a partir del año 2000. Ya no serán las grandes reformas, sino el perfeccionamiento de algunos mercados y la legislación vigente lo que hará la diferencia de ahora en adelante.

El proyecto de ley de libre competencia que se tramita actualmente en el Congreso debiera tener resultados positivos en la medida que se den los tiempos necesarios para su debida discusión, evitando soluciones con fines mediáticos. Al calor de los hechos parece difícil discutir en serio la conveniencia de imponer o no la sanción penal para la colusión, por dar un ejemplo.

Pero aún más importante es tomar medidas que fortalezcan la competencia en mercados específicos, reduciendo las barreras de entrada e incentivando la innovación, lo que diluye cualquier renta sobre normal. Algunas medidas posibles incluyen remover trabas injustificadas para la terminación de contratos, otorgar mayor capacidad de elección a los consumidores e incentivar la I&D.

Simultáneamente, es indispensable evitar políticas que atenten contra la competencia en los mercados, pues existe una serie de ejemplos que dan cuenta de situaciones monopólicas que han sido anidadas por la propia regulación. Es el caso del mercado de los taxis, la revisión técnica y los servicios notariales, donde se impide el ingreso de nuevos actores; la restricción a la venta de medicamentos en establecimientos distintos a las farmacias; la prohibición a naves extranjeras para realizar cabotaje marítimo; las limitaciones a la titulación de médicos en determinadas especialidades; y las preferencias otorgadas a universidades integrantes del CRUCH (especialmente las estatales), todo lo cual introduce distorsiones al buen funcionamiento de los mercados.

La competencia debe ser defendida en cada mercado con igual intensidad, convencidos que ello se traduce en un mayor bienestar para los ciudadanos. Estos avances podrán no atraer tanto flash, pero mejorará sin duda el desempeño de nuestra economía.

Columna de Susana Jiménez, Coordinadora de Políticas Públicas de LyD, publicada en Diario Financiero.-