La semana pasada, el Tribunal Constitucional declaró como admisible el reclamo presentado por Diputados de Oposición a la glosa aprobada en la Ley de Presupuestos, que establece el inicio de la gratuidad para el año 2016 para un grupo limitado de instituciones elegidas bajo criterios arbitrarios y discriminatorios. El 23 de diciembre es el plazo para que el Tribunal falle a favor o en contra de dicha solicitud.

Si el Tribunal falla a favor del requerimiento (y en contra de la glosa), se debiera incorporar al beneficio a todos los estudiantes de instituciones acreditadas que pertenecen al 50% de menores ingresos, lo que equivale a más del doble de los alumnos considerados en la glosa.

Si en cambio, el Tribunal falla en contra del requerimiento (y a favor de la glosa), habría que esperar a conocer cuáles de las instituciones que cumplen con las requisitos de la glosa, deciden finalmente postular para participar del beneficio. No obstante, dadas las exigencias impuestas por el Gobierno, en el mejor de los casos podrían acceder tan sólo 4 de cada 10 alumnos del 50% de menores ingresos que asiste a una institución de educación superior acreditada.

Esta discriminación supone beneficiar a apenas 2 de cada 10 alumnos de instituciones de Educación Superior Técnico Profesional y a paneas 1 de cada 10 alumnos de universidades privadas fuera del CRUCh, todas instituciones que podrían ser incluidas si es que el Tribunal fallase a favor del reclamo (contra la glosa).

El futuro de miles de alumnos está en suspenso; al final o se terminará distribuyendo la misma plata entre unos pocos privilegiados, o se obligará a evitar las exclusiones sin sustento y tratar a alumnos e instituciones similares de igual forma. En cualquier caso, con lo que se ha alcanzado a debatir durante estos dos meses desde que se publicó el proyecto de ley de presupuesto, han quedado de manifiesto las dificultades y costos que supone una política de gratuidad. Y quedó en evidencia la necesidad de discutir esta materia en un plazo más amplio, sin apuros y a través de una ley específica que aborde todas las aristas involucradas.

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, publicada en Pulso.-