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Prioridades equivocadas en educación parvularia

Voces La Tercera

La gratuidad de la educación superior y la discriminación elegida por el Gobierno en el mecanismo para llegar a ésta, han tomado el protagonismo en la discusión del Presupuesto de Educación para el año 2016. Sin embargo, hay otro tema que, siendo igualmente relevante, no ha recibido la misma atención: el financiamiento para la educación parvularia provista por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), que según cifras del Mineduc, hoy atiende al 23% de los niños de 0 a 6 años que asiste a este nivel educativo.

Dado el compromiso de la Presidenta Bachelet de construir 4.500 salas cunas y 1.200 jardines infantiles durante su mandato, el año 2015 se incrementó el presupuesto para inversión en infraestructura de la JUNJI en 12 veces, alcanzando una magnitud inédita de $ 250 mil millones. Dada la falta de antecedentes en cuanto a la capacidad de los Gobiernos para ejecutar oportunamente una suma tan elevada, en su momento hicimos ver lo inadecuado que resultaba ese incremento. Pues bien, el presupuesto se aprobó, y tal como anticipamos, en agosto de este año tan sólo se había ejecutado el 3,6% de éste. En ese contexto, resulta razonable que el Gobierno decidiera recortar dichos recursos en un 50% para el presupuesto del próximo año, quedando éste en $ 127 mil millones.

¿Podemos quedarnos tranquilos con eso? Claro que no.

En primer lugar, los $ 127 mil millones siguen siendo una cifra altísima, sin precedentes, que dada la experiencia anterior parece muy difícil –si no imposible- de ejecutar correctamente en un año.

En segundo lugar, la Dirección de Presupuestos (DIPRES) acaba de publicar una evaluación del Programa de Jardines Infantiles y Salas Cunas de la JUNJI, que plantea la necesidad de hacer un alto en el camino antes de seguir construyendo más establecimientos, para revisar la oferta actual y analizar la pertinencia de su localización en función de la demanda efectiva. Del mismo modo, recomienda la realización de campañas de difusión de los beneficios de la educación parvularia que ayuden a revertir la reticencia de las familias de enviar a sus hijos a este nivel educativo, pues según CASEN 2013 ésta sería la principal razón que explicaría la baja cobertura. Sin embargo, es muy posible que la reticencia no se explique exclusivamente por la falta de información, sino también por la falta de confianza de los padres en relación a la calidad de los establecimientos.

En este sentido, si bien el problema es mucho más complejo, la Ley de Presupuestos puede contribuir a resolverlo si en lugar de comprometerse a construir más jardines, destinara el mayor gasto a mejorar la operación de los ya existentes.

Actualmente los jardines de la JUNJI se dividen entre aquéllos que son administrados por la misma institución (propios), y aquéllos que son administrados por terceros (principalmente municipios y fundaciones) y financiados vía transferencia de fondos (jardines VTF). Los datos muestran que son los segundos los que más han aumentado su demanda, aunque es a los primeros a quienes se les entregan cada vez más recursos. Así, mientras los jardines JUNJI atienden a la mitad de los niños que atienden los VTF, el presupuesto 2016 les entrega 50% más de recursos para la operación.

Si bien la Ley de Presupuestos no es la instancia adecuada para discutir cambios de fondo que deben ser abordados en leyes específicas, en este tema sí puede contribuir al mejorar la asignación de los recursos, partiendo por terminar con la discriminación que existe en el financiamiento público hacia niños de similar condición que asisten a jardines administrados por entidades distintas. Y a partir de ahí, en lugar de “inflar” el presupuesto prometiendo nuevos jardines que las familias no quieren utilizar, posiblemente porque no confían en su calidad, se debiera invertir en mejorar la operación de los jardines ya existentes. Hacer que la provisión de educación parvularia se vuelva atractiva para las familias sería mejor publicidad que cualquier campaña de difusión de beneficios.

 

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, publicada en Voces de La Tercera.-

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