El objetivo del proyecto de ley de desmunicipalización, recientemente ingresado al Congreso, contiene más de 2.600 palabras y sólo 9 de ellas corresponden a la palabra “calidad”. Y si bien se declara como parte de sus metas “hacer explícita y activa la responsabilidad del Estado por la calidad de la educación que imparte”, lamentablemente el proyecto no entrega detalles de cómo se avanzará en esta materia ni un compromiso claro al respecto.

En concreto, el proyecto de ley rebaja para la educación pública (aquella en manos del Estado) las exigencias de calidad que hoy tienen los establecimientos que reciben subvención. Hoy, si un establecimiento es clasificado como (de calidad) “insuficiente”, se le entregan oportunidades de mejora y diferentes instancias de apoyo que se mantienen por cuatro años y (en caso de ser necesario) un año adicional con administrador provisional. Y se exige su cierre sólo si tras ese proceso el establecimiento no logra repuntar.

El proyecto de ley elimina la obligación de cierre para los establecimientos pertenecientes a la educación pública que no lograron superar sus dificultades. Se prioriza así el que el colegio público exista en vez de la calidad de la educación que el Estado entrega a los niños que asisten a él, como si fuese más valioso tener colegios públicos insuficientes en vez de tener sólo buenos colegios.

No olvidemos que con la reforma escolar aprobada en enero recién pasado se prohibió la apertura de nuevos establecimientos cuando el Ministerio de Educación decida que no existe una “demanda insatisfecha”. Si a esto le añadimos lo que pretende aprobar el proyecto de desmunicipalización, a futuro no podrán ni cerrarse colegios públicos malos, ni abrirse nuevos establecimientos en una localidad donde ya exista un colegio, aun cuando sea para ofrecer una nueva alternativa de mayor calidad.

Hoy los alumnos que eligen la educación en manos del Estado a penas alcanzan el 37%, mientras que más de la mitad de ellos prefiere la educación particular subvencionada. Hace 10 años esto era justamente al revés. Las señales que ha enviado el gobierno dejan la sensación que la meta no apunta necesariamente a solucionar las razones de fondo que han cambiado la elección de las familias. Por el contrario, da la impresión que el gobierno se daría por satisfecho revirtiendo esta tendencia, y logrando que la educación pública alcance participación mayoritaria, aunque esto sólo sea “por secretaría”. La calidad sigue siendo el gran ausente.

Columna de Alejandra Candia, Directora del Programa Social de LyD, publicada en Voces de La Tercera.-