La contaminación atmosférica es uno de los principales desafíos medioambientales que enfrenta Chile. El gobierno ha estimado que cerca de 10 millones de personas en el país están expuestas a una concentración promedio anual de MP2,5 superior a la norma, lo que significa un riesgo importante para su salud.
Es en este contexto que en abril del 2014 el Gobierno publicó la Estrategia Nacional de Descontaminación Atmosférica 2014-2018 comprometiendo que se pondrían en marcha 14 nuevos Planes de Descontaminación (7 entrarían en vigencia antes del 2015, 5 el 2016 y 2 el 2017). Lo anterior llevó a que el presupuesto 2015 contemplara un aumento sustancial de recursos destinados a la elaboración de estos Planes de Descontaminación Ambiental ($1.489 millones).
De acuerdo a la información disponible y al cronograma propuesto, ya deberían estar implementados los planes de descontaminación de Ventanas, Temuco y Padre Las Casas, Osorno, Talca y Maule y Coyhaique; sin embargo, ello no ha ocurrido. Similar situación se evidencia con todos los demás Planes de Descontaminación Ambiental que se encuentran retrasados respecto del cronograma propuesto por el gobierno (salvo Andacollo que quedó listo durante la administración anterior). Lo anterior amerita una explicación de la autoridad y una revisión objetiva del cronograma propuesto.
El problema del retraso radica en que, de no estar listos los respectivos PDA, el próximo año volveremos a enfrentar el problema de contaminación atmosférica a través de alertas sanitarias (del Código Sanitario) en vez de planes efectivos que reduzcan la contaminación basal. Las alertas solo se hacen cargo de los peak y no cambian la situación real de contaminación. Las medidas que se adoptan son meros paliativos (y de baja efectividad como la restricción a catalíticos o la paralización de grupos electrógenos de respaldo), que no tienen efectos inmediatos - se siguen repitiendo los episodios críticos, pues no podemos cambiar las condiciones de ventilación de la ciudad- ni, mucho menos, de largo plazo. A eso se suma que las restricciones impuestas nunca han estado sujetas a un proceso de evaluación formal.
Se requiere, por tanto, de PDA para MP 2,5 tanto para Santiago como el resto de las ciudades del centro-sur que muestran serios problemas de contaminación atmosférica. Ello supone implementar medidas estructurales, bien definidas y, sobre todo, bien evaluadas, que logren reducir los niveles de contaminación basal (como incentivos para la aislación térmica y la sustitución hacia fuentes energéticas más limpia, políticas que promuevan cambios tecnológicos o generen incentivos económicos correctos, como el rediseño del impuesto específico a los combustibles). Debiera además promoverse instrumentos más modernos de gestión ambiental, como los sistemas de permisos de emisión transable, proyecto que duerme en el Congreso desde el 2003, a pesar de su probada efectividad a nivel internacional.
