Las urgencias son el mecanismo que tiene el Poder Ejecutivo para definir prioridades y los ejes  de la discusión en el Congreso Nacional. Sin embargo, por lo acotado de los plazos, muchas veces estas urgencias generan una presión negativa para el Poder Legislativo, pues acortan la discusión y no la llevan a la profundidad necesaria. Cuando esto se suma a la técnica legislativa de llevar varios temas en un solo proyecto, la situación se hace crítica.

Lo anterior es lo que está ocurriendo con la “camuflada” ampliación al giro de Metro, contenida en el proyecto de ley que incrementa los recursos del Transantiago, donde Metro quedará facultado para “operar en el caso de transporte de superficie, buses u otros vehículos de cualquier tecnología”.

Siendo la base de nuestro ordenamiento jurídico el principio de subsidiariedad del Estado, el que se materializa además con el derecho de todas las personas a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, y que el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza, cabe preguntarse ¿dónde nace esta necesidad de intervención estatal?

Debe sincerarse qué se pretende con esta ampliación de giro, la que ha sido justificada como un operador de última instancia para evitar una crisis mayor en la ciudad de Santiago para contingencias, ya sea en caso de quiebra de la empresa o de tener un problema operativo; sin embargo, la autorización es general, pudiendo Metro operar buses de superficie u otros, en recorridos concesionados a operadores privados, e incluso en todo el país, pues la Ley Orgánica de Metro no señala que éste opere sólo en Santiago o en la Región Metropolitana.

Entonces, ¿cómo operará Metro ante estas situación?, tendrá buses y conductores dispuestos en forma permanente a la espera de estos eventos; no conocemos la respuesta, pues tanto el Ministro de Transportes como el Presidente de Metro, señalaron durante la tramitación legislativa que no cuentan con estudios que hayan evaluado la capacidad del Metro para asumir un giro distinto.

Esta autorización no es otra cosa que encaminar el sistema de transporte público a uno estatal, donde el Estado se transformará en el responsable de su catastrófico financiamiento y su operación, situación que no resulta justificada ni fundamentada en esta iniciativa y que, tratándose de una materia de tal magnitud, debiera a lo menos estar tratado en un proyecto separado.

Columna de Cristina Torres, Abogada de Libertad y Desarrollo, publicada en La Segunda.-