El leit motiv de la reforma laboral en discusión es el reforzamiento de los derechos colectivos de los trabajadores. Este objetivo parece deseable, siempre y cuando la profundización del poder de los sindicatos no sea a costa de la libertad individual de los trabajadores, y lo cierto es que esta sería la situación del proyecto de ley en discusión. Los trabajadores pueden terminar pagando un alto precio por el mayor poder de la organización colectiva a la que pertenecen.

Primero, deben pagar con su libertad de afiliación, ya que si la pertenencia al sindicato termina siendo la única vía para mejorar las condiciones laborales, la libertad de afiliación se convierte en un lujo que la gran mayoría de trabajadores no podría pagar. Por otra parte, la imposibilidad de negociar de grupos de trabajadores por fuera del sindicato también es eliminada, coartando las opciones de trabajadores, que ya sea por su función o su área de trabajo, no se sienten representados por el sindicato. En el caso de una huelga, también se verían restringida la libertad individual, a través de la prohibición del descuelgue, que constituye en definitiva una restricción evidente a la libertad de trabajo, consagrada en la Constitución. Por otra parte, la imposibilidad de reemplazar trabajadores restringe la libertad de trabajo de todos aquellos que estarían dispuestos a relevar a los huelguistas.

Otro costo que debe pagar el trabajador individual, y que ha estado bastante sumergido en la discusión, es la pérdida de privacidad de sus remuneraciones, no sólo para aquellos que pertenecen al sindicato, sino también para el resto en el caso de las empresas de mayor tamaño. Si bien esta información es innominada, en muchos casos el cargo es información suficiente para identificar a la persona. El sindicato recibirá esta información sin la autorización de su dueño.

Es perfectamente factible lograr un equilibrio de derechos y deberes mejor al que resulta de esta reforma laboral. Los sindicatos cumplen un rol que puede ser muy valioso, tanto para los trabajadores como para los empleadores. Para que esto sea así, es condición necesaria que el trabajador individual perciba que existen beneficios en esta organización colectiva. Se podrían establecer estos beneficios potenciales a través de empoderar efectivamente a las organizaciones sindicales aumentando las materias a negociar, que hoy se restringen a remuneraciones. Sin embargo, nada asegura que una afiliación compulsiva, y en definitiva un empoderamiento artificial de los dirigentes, vaya a redundar en beneficios efectivos para los trabajadores. En una economía libre y competitiva, los dirigentes sindicales también deben competir por ganarse el favor de sus representados. Esta reforma laboral impide esa competencia, otorgándoles un mayor poder por secretaría.

Columna de Cecilia Cifuentes, Economista Senior de Libertad y Desarrollo, publicada en Pulso.-