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Pensiones: la otra cara del mercado laboral

La Tercera

Los sistemas de pensiones suelen ser multi-pilares en lenguaje del Banco Mundial, aunque pueden analizarse bajo la opción de un sistema de capitalización y otro de reparto. En el primero, cada generación ahorra para su vejez en razón de los ingresos laborales que efectivamente alcanzó en su vida activa, y por tanto sus pensiones dependerán de su historia laboral, de la rentabilidad de sus ahorros y de sus expectativas de vida después de pensionarse. En este caso, el riesgo del ciclo económico lo asume cada pensionado, de modo que si le tocó una vida activa con ciclos de alto desempleo y baja tasa de rentabilidad, sus pensiones serán más bajas y viceversa. En nuestro país, existe un complemento al sistema de ahorro, denominado pilar solidario, que entrega una pensión base (pensión básica solidaria), la cual se retira gradualmente con el ahorro individual acumulado. Pasa a ser una suerte de seguro o garantía que paga la generación activa con impuestos generales. Desde el punto de vista macroeconómico, es preferible financiarlo con impuestos generales que con impuestos al trabajo, pues los segundos deterioran las historias de cotización previsional al afectar la probabilidad de empleo, redundando en pensiones más bajas.

Por el contrario, en un sistema de reparto la generación activa financia las pensiones de los pasivos de acuerdo a una regla que vincula las pensiones con las remuneraciones históricas y asociado a ciertas regularidades en la cotización. Así, los riesgos del ciclo están igualmente presentes, ya sea en la vida activa o más implícito en la etapa de pensionarse.

La tasa de envejecimiento de la población es importante y no impacta de igual forma a los sistemas de pensiones. Como señala el reciente informe de la Comisión Bravo, en Chile, mientras en 2010 había casi 5 personas en edad activa (entre 15 y 59 años) por cada persona de 60 años o más, en el año 2050 esa relación caería a 1,8, lo cual dificulta enormemente la sostenibilidad de un sistema tipo reparto, razón más que suficiente para ser cautos en estos componentes al diseñar un sistema previsional. Con mayor envejecimiento, en un sistema de reparto cada vez menos personas activas deben financiar a cada vez más pensionados. En cambio, en un sistema de cuentas de ahorro como el vigente, cada generación acumula para sí misma.

Así, en la Comisión Bravo todos los comisionados (salvo uno) descartan pasar al sistema de reparto. Dicho esto, los comisionados realizan dos propuestas y posteriormente todos suman un conjunto de 58 propuestas, algunas con discutible profundidad (probablemente por tiempo). Nos centraremos en la primera parte.

El grupo A (mayoritario) postula mantener el sistema vigente con un pilar solidario fortalecido e incrementando la cobertura. Propone además aumentar la cotización en un 2% para la cuenta de ahorro. Luego, se equivoca al agregar otra alza inexplicable de 2% que no es más que un impuesto puro al trabajo, con el objeto de contribuir a financiar el fortalecimiento pilar solidario. Sería preferible hacerlo con impuestos generales (como se hace hoy), mejorando así el componente solidario, sin castigar  tanto al empleo formal, lo que favorece a un mejor desempeño de las historias de cotización durante la vida laboral, y por ende en mejores pensiones.

Un segundo grupo de comisionados (grupo B), en cambio, prefiere sustituir el pilar solidario por uno de reparto (pese a los problemas descritos) que se financia con la actual cotización del 10% pero de los salarios de hasta $ 350.000 mensuales más un aporte adicional de 4% de parte del empleador sobre el salario imponible total (ambos componentes un impuesto puro al trabajo) y el equivalente a 6% a través del aporte del Estado (impuestos generales). Sólo las cotizaciones de 10% de la parte del salario imponible que exceda los $ 350.000 es lo que iría a las AFPs como ahorro individual. Con ello, aproximadamente 35% de los cotizantes sólo aportarán al pilar de reparto, y no tendrán ahorro individual y cerca del 50% de las actuales cotizaciones anuales pasarían a manos del Estado como aporte al pilar de reparto.

En esencia, el peso de este componente de reparto incorpora un riesgo de sostenibilidad a generaciones futuras, dado el proceso de envejecimiento poblacional y el efecto adverso sobre el ahorro a nivel agregado. La literatura nos muestra las desventajas de estos sistemas en términos de empleo, ahorro e inversión y por tanto crecimiento (con su consecuente efecto en la recaudación), como señalan entre otros Corbo y Schmidt-Hebbel (2004) y Fuentes (2013). No hay más justificación que la de mejorar la “legitimidad” del sistema.

Pero este debate sobre las características y sostenibilidad de un sistema y otro, que es fundamental especialmente para las pensiones futuras, no nos permite elevar pensiones (más allá del efecto de la mayor cotización presente en ambos). Primero, hay que revisar el efecto de las mayores expectativas de vida, pues si se ahorra el mismo número de años para financiar más años de vejez, entonces las pensiones serán más bajas de lo esperado. Mientras en 1980-85 la expectativa de vida al nacer era de 70 años, en 2010-15 es de 79. Entonces, en el tiempo se debe postergar la edad legal de jubilación e indexarla al aumento de las expectativas de vida, lo que se ha venido haciendo en otros países. De hecho, nuestro país está entre los de menor edad de jubilación entre los países de la OCDE.

En segundo lugar, hay que hacerse cargo de las lagunas previsionales asociadas a una menor regularidad en el empleo formal (reflejada en las historias de cotizaciones). Para abordarlo, es fundamental una mirada profunda y seria al mercado laboral con miras a incrementar el empleo y la participación laboral, su capacidad de adaptación a los ciclos y mejorar la productividad del trabajo. A fin de cuentas, las pensiones son la otra cara del mercado laboral. Claro, son decisiones más difíciles de tomar, pero es acá donde se juegan realmente las pensiones y la sostenibilidad del sistema, y por tanto, pensando en las pensiones que se puedan pagar hoy y en el largo plazo.

 

Columna de Rosanna Costa C., Subdirectora de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-

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