16 de septiembre de 2015

Columna de Paulina Henoch en Chile B: “El impuesto Caval”

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PAULINA HENOCH LYDEn el marco de la agenda de probidad y las propuestas del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), el Gobierno ingresó un proyecto de ley de transparencia que buscaría solucionar de forma engorrosa los problemas de tráfico de influencias que existen en torno a las modificaciones en los planes reguladores. Lo cierto es que esta iniciativa legal responde a un diagnóstico equivocado, pues de probarse una presunta irregularidad en la compra de los terrenos en Machalí, se estaría hablando de un delito que actualmente ya es sancionable y que no requiere de esta iniciativa.

Lo perjudicial de este proyecto de ley es que crearía un nuevo impuesto a la transacción de propiedades ubicados en zonas de proceso de cambio de su límite urbano. Adicionalmente, este impuesto no se justificaría, pues la Reforma Tributaria aprobada el 2014 y el impuesto territorial ya grava y captura el incremento del precio de los bienes raíces.

A grandes rasgos, el proyecto de ley establece un impuesto que buscaría capturar el aumento en el precio que experimenten los bienes raíces cuando su plano regulador amplíe su límite urbano. Para estos efectos se gravaría con una tasa de 10% sobre el mayor valor obtenido en las transacciones de bienes raíces situados en esas zonas. Este impuesto se aplicaría en todas las transacciones que se realicen una vez iniciado el proceso de ampliación del límite urbano, hasta la primera transacción que se lleve a cabo una vez que se publique en el Diario Oficial la modificación del plano regulador o si no se aprueba.

Si se llegara implementar este impuesto, se estaría castigando doblemente la transacción de estas propiedades. Cabe recordar que la Reforma Tributaria ya eliminó, para los vendedores no habituales, la exención a las ganancias de capital obtenidas en bienes raíces que se adquirieron después del año 2004. Los vendedores habituales siempre han pagado impuestos por estas ganancias. A partir de este cambio legal, deberían pagar un impuesto por la diferencia entre el precio que compró, descontándole las mejoras a la propiedad que pudieron haber aumentado su valor y el precio que la vendió, siempre y cuando sea superior a 8.000 UF a lo largo de su vida.

Adicionalmente, el procedimiento propuesto en el proyecto de ley no permite diferenciar si el aumento en el precio de la propiedad se produce a partir de las mejoras realizadas por privados, por cambios en el límite urbano u otras cosas.

En suma, este proyecto de ley propone un nuevo impuesto injustificado y que estaría gravando doblemente las transacciones en las propiedades que estarían situadas en zonas en el proceso de ampliación del límite urbano, lo cual es perjudicial para el crecimiento por extensión de las ciudades y reducen aún más las probabilidades a que las personas accedan a su casa propia.

Columna de Paulina Henoch, investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en Chile B.