23 de septiembre de 2015

Cambios a la Ficha de Protección Social

Alejandra Candia -En enero de 2016, el gobierno comenzará la implementación de las modificaciones a la Ficha de Protección Social (FPS). El principal anuncio conocido hasta la fecha es que en vez de basarse en información que proporcionan las familias, el instrumento será elaborado según una plataforma estatal que contendrá datos administrativos, esto es, por ejemplo, el patrimonio de las personas disponible en el Servicio de Impuestos Internos, la remuneración imponible, o pensiones de la base de datos del Seguro de Cesantía o de la Superintendencia de Pensiones, etc.

La plataforma estatal de datos administrativos a la que hace alusión el gobierno viene a resolver un antiguo y conocido problema de nuestro instrumento de focalización: hoy las personas tienen intereses en subdeclarar sus ingresos y mostrar una situación socioeconómica más deteriorada que la real, de tal modo de poder acceder a los beneficios estatales. De hecho, los números no cuadran: más de 40% de los hogares de Chile está clasificado por el umbral de puntaje de la FPS como si perteneciera al 20% más vulnerable.

Es cierto que una parte importante del problema está relacionado con que la información es autorreportada por los encuestados, sin ningún respaldo formal que avale dicha declaración (tales como liquidaciones de sueldo, certificados de escolaridad o discapacidad, etc.). Sabido es, por ejemplo, que el puntaje de la FPS baja (aumentando la probabilidad de estar clasificado en los primeros quintiles, y por ende de obtener beneficios sociales) en caso de declarar estar en situación de discapacidad, o estar al cuidado de niños sin un empleo formal. Ciertamente que contar con datos administrativos será un gran avance para corregir esta falencia.

Eso sí hay que tener en cuenta algunos riesgos. El gobierno ha señalado que junto con la creación de la plataforma estatal, “se eliminará la denominada Capacidad Generadora de Ingresos (CGI) utilizada en la FPS, a partir de la cual se calculaba una proyección de ingresos (potenciales) del hogar de acuerdo a determinadas características socioeconómicas”. Esto podría implicar que la caracterización socioeconómica de las personas dependa sólo de su situación en un momento del tiempo. Así, podrían quedar clasificadas con igual nivel de necesidad alguien sin ingresos pero con estudios superiores, y alguien con ingreso cero, sin estudios y en situación de calle. Sus ingresos potenciales son claramente distintos y a simple vista son personas que no requieren de igual apoyo estatal. Si bien la CGI también tenía el problema de no contar con información verificable, ésta capturaba dicho principio y su eliminación puede traer negativas consecuencias para la focalización de los beneficios.

Además, clasificar a las personas según su situación en un momento del tiempo, sin considerar su ingreso potencial, podría generar serios incentivos a la informalidad (motivar la “no aparición” en los registros administrativos) con las nefastas consecuencias que esto puede traer a nuestra economía.

Ahora, una importante razón de por qué existen en el margen incentivos a subdeclarar ingresos, está más bien relacionada con el diseño de nuestra política social, que entrega gran parte de los programas sociales bajo la lógica del “todo o nada”: si se está bajo el x% de la población se obtiene todo, pero si esta algo por sobre, nada. Por ello es comprensible que hoy los potenciales beneficiarios busquen a toda costa quedar en el x% elegible (de ahí el gran porcentaje de hogares que se encuentra clasificado en los primeros quintiles). Contar con información administrativa ayudará a solucionar este problema, pero también ayudaría que los beneficios sociales fuesen decrecientes según el ingreso.

La historia popular cuenta que don Otto, al enterarse que su señora lo engañaba con su amante en el sillón, decidió venderlo… no vaya a ser que con la creación de la plataforma estatal de datos administrativos estemos, al igual que don Otto, vendiendo el sillón sin solucionar el problema de fondo.

 

Columna de Alejandra Candia, Directora del Programa Social de LyD, publicada en Voces La Tercera.-