El año pasado fue promulgada la ley 20.792 que realiza un aporte extraordinario de capital a Banco Estado y amplía el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), por US$ 450 millones y US$ 50 respectivamente. Esta capitalización se suma a otra inyección de recursos que se realizó bajo el primer mandato de la Presidenta Bachelet, por un total de US$ 630 millones.

Recientemente se dio a conocer que la negociación colectiva del Banco Estado concluyó con el acuerdo de pago de un bono equivalente a $ 6,3 millones por trabajador, lo que equivale a un total de US$ 85.5 millones, es decir, a más de 1,7 veces el monto destinado en la última capitalización para apoyar a los pequeños empresarios o a casi un 20% del dinero destinado a capitalizar el Banco. Estas cifras son incomprensibles, más aún en el contexto de desaceleración del país y de una empresa que necesita de dos capitalizaciones en menos de 10 años para su buen funcionamiento.

Si bien el Presidente de la entidad presentó su renuncia, la ley orgánica del Banco Estado señala que es el Consejo Directivo el encargado de aprobar el sistema de remuneraciones del personal. Es relevante entonces conocer la postura de los demás integrantes del Consejo: ¿Sabían de los términos del acuerdo? ¿Lo aprobaron aún cuando las cifras acordadas exceden lo señalado por el Ministerio de Hacienda en la circular 18 de 2014 respecto a que los nuevos contratos colectivos que se negocien por parte de las empresas públicas no podrán exceder de un 1% real promedio anual del contrato colectivo vigente y que además deberá estar asociado a incrementos efectivos de la productividad de la empresa?

Carta de Francisco López, Coordinador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-