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Las concesiones del gobierno en Carrera Docente

Voces La Tercera

María Paz ArzolaEl Gobierno ingresó sus indicaciones para modificar el proyecto de ley de Carrera Docente. En términos generales, un número importante de éstas buscan “maquillar” el proyecto original para complacer al Colegio de Profesores, con recursos tales como sustituir el término “sistema de certificación” por “sistema de reconocimiento” y denominar como “derecho” al nuevo sistema de inducción y al de formación continua.

En cuanto a la Carrera Docente propiamente tal, se le conceden también varios puntos. En primer lugar, se restituye la Asignación por Experiencia que el proyecto original había disminuido a la mitad, en contra de la evidencia que indica que ligar remuneraciones a la antigüedad del docente es una mala forma de atraer a candidatos de buen desempeño. Del mismo modo, se compromete un incremento de las horas no lectivas sin suficientes exigencias en cuanto a que el uso de éstas se destine realmente a labores que beneficien los aprendizajes de los alumnos, y se elimina la evaluación obligatoria para ingresar a la nueva Carrera Docente sin sustituirla por algún mecanismo de selección que ayude a reclutar a mejores candidatos.

Con el proyecto tal como está, podrá ocurrir que un docente sólo se evalúe una vez durante toda su carrera, y que eso le baste para acceder al tramo Avanzado, que en el papel acredita la consolidación de sus competencias y que irá ligado con un incremento de la remuneración año a año. Esto genera dudas en cuanto al nivel de exigencias que tendrá realmente el nuevo sistema.

Es decepcionante que las indicaciones no vinieran a corregir los defectos identificados en relación al excesivo centralismo en la evaluación, y a las nulas atribuciones que se entrega a los establecimientos educacionales y sus equipos directivos a la hora de evaluar y tomar decisiones respecto a la situación laboral de sus profesores. Tanto la Comisión Brunner (1994) como el Panel de Expertos (2011) coincidieron en la necesidad de dotar a los establecimientos Municipales de mayor autonomía para alinear a sus docentes hacia la consecución de los objetivos institucionales. Este proyecto, sin embargo, ignora esas recomendaciones, y de hecho apunta en la dirección contraria, al concentrar en el Ministerio de Educación (MINEDUC) la gestión de los profesores Municipales mediante una carrera docente basada en una evaluación centralizada incapaz de medir el desempeño en el aula. Y no sólo eso, también le extiende responsabilidad al MINEDUC en la evaluación de los docentes de establecimientos Particulares Subvencionados, sembrando dudas respecto a la forma de conciliar ésta con la evaluación y los mecanismos de control propios con que ya cuentan muchos de estos colegios.

En esta línea, las señales que ha dado el MINEDUC respecto a la forma en que cumplirá con sus nuevas atribuciones son preocupantes. Primero, porque ya sucumbió ante las presiones del Colegio de Profesores y suavizó las exigencias no sólo en lo que concierne a este proyecto de ley, sino también en torno a la evaluación docente 2015, que podrá no ser utilizada para el traspaso a la nueva carrera en caso que el docente obtenga peores resultados que en su medición previa. Y segundo, porque además rebajó los requisitos para realizar este traspaso, de manera que habrá docentes cuya evaluación vigente los ubique en niveles de desempeño bajo, que por el solo ministerio de la ley pasarán a ser reconocidos como docentes de nivel adecuado.
Con todo, nos parece que se está perdiendo una gran oportunidad de impulsar mediante este proyecto un mejoramiento de la labor docente y con ello de la calidad de la educación financiada por el Estado. No es claro que los US$ 2.500 millones de dólares que se requerirán en régimen vayan realmente a contribuir en este sentido.

 

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, publicada en Voces de La Tercera.-

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