El 21 de mayo la Presidenta Bachelet anunció el comienzo de la gratuidad el año 2016 para los alumnos de universidades del Consejo de Rectores (CRUCh) y de centros de formación técnica e institutos profesionales acreditados y constituidos como persona jurídica sin fines de lucro.
Tal como señalamos en su momento, los criterios elegidos dejarían fuera del beneficio al 65,3% de los estudiantes de educación superior que provienen del 60% de más bajos ingresos. Y si nos concentramos en la educación superior técnico profesional, el requisito de no tener fines de lucro (lo que por cierto la ley sí permite) deja afuera al 78% de los estudiantes de instituciones acreditadas pertenecientes a los tres primeros quintiles de ingreso.
Ayer se esperaba que estos criterios fuesen revisados durante el cónclave de la Nueva Mayoría, sin embargo, en lugar de redefinir las prioridades para privilegiar a quienes tienen una mayor necesidad, se confirmó que se seguirá adelante con esta iniciativa. El único cambio es que en lugar de abarcar a los alumnos del 60% de menores recursos, se incluirá a los del 50%, de manera de poder incorporar también a estudiantes de universidades privadas fuera del CRUCh (que inicialmente no habían sido incluidos), siempre y cuando éstas cumplan con acreditación mayor a cuatro años, no estar controladas por sociedades y poseer participación triestamental.
Sin duda, los criterios siguen siendo discriminatorios y no apuntan a llegar a los alumnos más necesitados, ni tampoco a las instituciones de mejor calidad (pues además de la acreditación, los otros dos requisitos seguirán siendo los más restrictivos, tal como en educación superior técnico profesional).
Ahora bien, más allá de lo negativo del anuncio de la Presidenta, estimamos que lo más grave es que con éste se persevera en una política desfocalizada, injusta e ineficiente como es la gratuidad en educación superior, que no se hará cargo de los verdaderos problemas de acceso de los sectores más vulnerables, sino que por el contrario, los desatenderá para destinar una suma importantísima de recursos a la gratuidad de quienes sí logran acceder a ella.
