En los próximos días se iniciará el segundo trámite legislativo del proyecto de ley que entrega mayores facultades al SERNAC. Tras casi un año en la Cámara de Diputados, se lograron introducir algunas mejoras, pero no las suficientes para evitar que se transforme el SERNAC en una agencia con excesivas facultades, sin los necesarios contrapesos y garantías de imparcialidad. Las esperanzas están puestas ahora en el Senado, que debiera intentar redireccionar el proyecto hacia la creación de una agencia moderna, que vele por los derechos de los consumidores y otorgue garantías suficientes para un sano desarrollo de los mercados.
El proyecto, en su versión actual, mantiene la estructura de una súper agencia, donde convergen la fiscalización y sanción, además de facultades para mediar, solicitar restituciones, interpretar y normar. La excesiva concentración de atribuciones se ha intentado subsanar con la incorporación de murallas chinas, pero ello resulta claramente insuficiente. Igualmente cuestionable es que la ausencia en el proyecto original del necesario diálogo regulatorio que permita consensuar las propuestas normativas se intente resolver a través de un Consejo Técnico de carácter meramente consultivo, y con opiniones no vinculantes de las agencias administrativas sectoriales, como las superintendencias.
Los cambios propuestos en el proceso sancionatorio, donde se transfieren atribuciones hoy radicadas en los Juzgados de Policía Local al SERNAC, significan traspasar facultades jurisdiccionales a un órgano del Estado, poniendo en riesgo su necesaria imparcialidad. Se propone además un significativo aumento de las sanciones, agregando que éstas podrán computarse por consumidor afectado en el caso de contratos de adhesión, y pudiendo exigirse en demandas colectivas indemnización por daño moral y daño punitivo. Sanciones de la magnitud propuesta claramente podrían poner en riesgo la continuidad de las actividades comerciales, lo que no favorece ni la competencia ni al consumidor, más solo a las arcas fiscales.
El desafío en este “segundo tiempo” será por tanto sustancial, pues requiere introducir mejoras importantes al proyecto para lograr una buena política de protección de consumidores. Eso pasa por fortalecer el rol del SERNAC, pero sin exagerar la concentración de atribuciones. Las sanciones debieran mantenerse en los tribunales; la facultad normativa quedar radicada en un Consejo vinculante; y la mediación, en un órgano independiente. Las multas debieran ser proporcionales, evitando la quiebra de empresas y asegurando la capacidad financiera para responder a las correspondientes indemnizaciones de los consumidores afectados. La indemnización por daño moral en las demandas colectivas debiera eliminarse, no así la posibilidad que cada afectado, una vez conocida la sentencia, tenga las debidas facilidades para reclamar su indemnización moral, que es de carácter estrictamente personal. Quedamos a la espera.
Columna de Susana Jiménez, Economista Senior de Libertad y Desarrollo, en Diario Financiero.-
