En un país convulsionado por las diversas demandas sociales es bueno pararse a pensar cuál es el camino más adecuado para satisfacer las múltiples necesidades existentes. La ruta escogida hasta ahora por el gobierno ha sido la de aumentar la “repartición” de ingresos, lo que se tradujo prontamente en un alza sustancial de impuestos. Poco importaron las advertencias que la reforma tributaria afectaría la inversión y el crecimiento, así como el efecto que tendrían sobre las expectativas la conjunción de malas reformas promocionadas por el Ejecutivo.
Las cosas, sin embargo, caen por su propio peso. Las repercusiones han sido tan severas que la economía creció apenas 1,9% anual el 2014 y no superaría el 2,5% durante este año. La inversión, en tanto, estaría ad portas de completar casi 8 trimestres de caída consecutiva. Lo anterior no solo ha golpeado la creación de empleo, sino que augura una estrechez fiscal que no se condice con la abundancia de promesas del gobierno. Ante esta evidencia, la autoridad finalmente ha comenzado a inquietarse y surgen voces que anticipan que el programa de gobierno no podrá materializarse completamente. No se puede repartir sin primero hacer crecer la torta, lo que aboga por promover políticas que favorezcan el crecimiento económico.
Pero, ¿qué está haciendo el gobierno para levantar las expectativas y motivar a los inversionistas para emprender nuevos proyectos? Una mirada a las políticas transversales -como la reforma tributaria, laboral y constitucional- así como a las medidas que se están promoviendo a nivel sectorial permite constatar, con preocupación, que enfrentamos una agenda de corte más anti que pro-inversión. En particular, es difícil esperar un reimpulso de la inversión ante iniciativas que derechamente inhiben el desarrollo productivo.
Los ejemplos sobran. Proyectos como el que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas requiere de urgente revisión para evitar excesivas restricciones o derechamente prohibiciones para la realización de actividades en áreas y ecosistemas protegidos, que incluso podrían extenderse a terrenos privados. Similar preocupación surge del proyecto de protección de glaciares, que restringe más allá de lo necesario la actividad minera. Peor aún, el proyecto de ley de descentralización entrega nuevas facultades a los gobiernos regionales a través de la elaboración del Plan Regional de Ordenamiento Territorial que fijaría administrativamente la localización de proyectos energéticos, sanitarios y otros, dificultando el desarrollo de estas actividades.
La ampliación del giro de ENAP, que podría inhibir la inversión en proyectos 100% privados, y la modificación al Código de Aguas, que dificultaría el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, aportan otro tanto. Y ni hablar del riesgo regulatorio que introducen proyectos como el de gratuidad en los estacionamientos o el de servicios de gas, que validan la fijación tarifaria aún no existiendo razón fundada para hacerlo.
Por su parte, el entusiasmo sancionatorio, unido a un discurso cargado de acusaciones de malas prácticas y abusos que en nada aporta a la actividad empresarial, han marcado los proyectos de libre competencia y SERNAC, llevando a proponer sanciones y multas desproporcionadas que podría desalentar la inversión y la entrada de nuevos actores a los mercados.
No hay que olvidar que el crecimiento ha sido en el pasado fuente de progreso económico inclusivo y de mejoras en la calidad de vida. El futuro se escribe hoy; luego, se revela inevitable la necesidad de un cambio de rumbo.
Columna de Susana Jiménez, Economista Senior de Libertad y Desarrollo, publicada en VOCES de La Tercera.-
