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EDUCACIÓN: AÚN HAY TIEMPO PARA PRIORIZAR

Voces La Tercera

dsc3005Cuando se aprobó la reforma tributaria, se dijo que ésta recaudaría en régimen US$ 8.200 millones de dólares, de los cuales cerca de la mitad iría a financiar un mayor gasto público en educación. Ahora bien, las menores expectativas de crecimiento para este año hacen presagiar que esta meta no se alcanzará y el mismo Gobierno habría asumido lo que muchos veníamos anticipando desde hace tiempo: que el ambicioso plan de reformas ha sobrepasado el presupuesto. Es así como el día lunes, durante la reunión del Comité Político del Gobierno, algunos miembros habrían sugerido la necesidad de “priorizar” o “concentrarse” en ciertas reformas.

Tal vez no fue más que un intento por enviar una señal que ayude a revertir el ambiente de desconfianza en las reformas que tienen a la economía sumida en una desaceleración sostenida, pero de todas formas, vale la pena revisar las iniciativas presentadas hasta la fecha, de manera de responder si queda algún margen de acción que permita priorizar de aquí en adelante.

En materia de educación parvularia, la ampliación de la cobertura y el funcionamiento de la nueva Subsecretaría, estimamos un mayor gasto en régimen de US$ 511 millones anuales.

En educación escolar, la recién promulgada ley Nº 20.845 (lucro-selección-copago), significará un mayor gasto en régimen del orden de US$ 1.300 millones, incluyendo los gastos contemplados en el informe financiero (excepto el fondo para la educación municipal que en teoría no será permanente) y la incorporación de todos los colegios a la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Asimismo, el proyecto de Nueva Política Docente, que se encuentra en primer trámite parlamentario, requerirá según el informe financiero de US$ 2.458 millones anuales en régimen.

Y en educación superior, si bien la promesa de la Presidenta es avanzar hacia la gratuidad universal, en su anuncio del 21 de mayo señaló que se comenzará por los alumnos del 60% de menores recursos de algunas instituciones, lo que requeriría según el Ministro, de US$ 500 millones más el año 2016. A esto debemos sumar el desembolso extra en el que se deberá incurrir para convertir en gasto público lo que hoy se financia mediante créditos estudiantiles (que estimamos en alrededor de US$ 200 millones adicionales).

Hasta aquí, ninguna de las iniciativas apunta directamente a mejorar la calidad de la educación; el proyecto relativo a los docentes tendría el potencial de hacerlo, siempre y cuando se corrijan algunos defectos importantes. Con todo, ya sumamos un mayor gasto de casi US$ 5.000 millones en régimen, sin considerar una eventual gratuidad universal sin letra chica, tal como se comprometió en el programa de Gobierno, ni un posible proyecto de desmunicipalización.

Es decepcionante que el Gobierno recién esté recién hablando sobre la necesidad de priorizar, cuando lo que se esperaba desde el comienzo era que manejase con responsabilidad los recursos de todos los chilenos. Es muy fácil hacer promesas que luego no se podrán cumplir, y deslegitimar a aquéllos que previamente intentaron poner una cuota de realismo. Ahora bien, a pesar de que el grueso de los recursos ya está comprometido, la buena noticia es que todavía hay tiempo para introducir algunas mejoras.

En el Proyecto de Nueva Política Docente, se pueden rebajar costos si en lugar de centralizar la evaluación y gestión de los profesores en el Ministerio de Educación (MINEDUC), se delega a los Directores de las mismas escuelas, quienes son de hecho los llamados a cumplir con esa función.

Columna de María Paz Arzola, Investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en VOCES de La Tercera.-

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