Una de las promesas de campaña más emblemáticas de la Presidenta Bachelet fue avanzar hacia la gratuidad universal de la Educación Superior. Según constata su programa de gobierno, el objetivo para sus 4 años de mandato es llegar hasta los estudiantes provenientes del 70% de menores recursos del país, y más adelante (el año 2020) alcanzar al 100%. Si bien hay todavía incertidumbre respecto al mecanismo que se utilizará, es indudable que habrá alguna letra chica, pues la gratuidad universal requeriría un gasto adicional de al menos US$ 4.500 millones anuales, cifra demasiado significativa para un país como el nuestro, que todavía tiene materias pendientes en pobreza, salud, vivienda, educación parvularia, etc.
Pero una parte de esa letra chica se anticipó durante el discurso del 21 de mayo, pues la Presidenta anunció que a partir del año 2016 accederán a la “gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito”, los alumnos del 60% más vulnerable que asistan a un Centro de Formación Técnica o Instituto Profesional acreditado y sin fines de lucro, o a alguna de las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH).
Si bien nos parece positivo que se comience focalizando el gasto en los jóvenes que requieren de más apoyo económico, creemos que la forma de aproximarse a ellos debe ser directa y equitativa, sin discriminaciones arbitrarias de por medio. En ese contexto, no estamos de acuerdo con que se excluya a alumnos de instituciones que hoy cumplen con todas las exigencias de la ley y además con la acreditación. Cabe recordar que sólo el 28% de los estudiantes pertenecientes al 60% más vulnerable que asiste a Educación Superior, lo hace a una universidad del CRUCH. En tanto, 31,5% de ellos estudia en una universidad privada fuera del CRUCH, de manera que quedará excluido derechamente del beneficio anunciado por la Presidenta. Algo similar ocurrirá con el resto que estudia en Educación Superior Técnico Profesional, en que las instituciones pueden por ley estar constituidas como sociedades con fines de lucro.
Según el Ministro de Educación, la elección de sólo algunas instituciones responde a un tema de calidad: "partimos (entregando gratuidad) a las universidades que están más prestigiadas", señaló. Sin embargo, al revisar los indicadores disponibles, vemos que la explicación del Ministro no se sostiene. Viendo por ejemplo los años de acreditación, encontramos que al interior del CRUCH hay una alta heterogeneidad: mientras la Universidad Católica y la Universidad de Chile tienen 7 años de acreditación, la UTEM, la Universidad de Los Lagos y la Arturo Prat sólo tienen 3. En consecuencia, el promedio de acreditación de las 25 universidades del CRUCH es de 4,8 años, versus los 5 años de acreditación promedio de las 8 universidades privadas que no forman parte del CRUCH pero que están adscritas al sistema de admisión vía PSU. La discriminación bajo el argumento de calidad no se sustenta.
Suponíamos que este Gobierno optaría por la igualdad en lugar de la focalización del gasto, sin embargo, que ahora la Presidenta haya decidido discriminar de forma tan evidente e injusta a estudiantes con la misma necesidad económica, termina por hacer pedazos su discurso igualitario. ¿Para qué perder el tiempo discutiendo entre focalización o igualdad, si la decisión podía tomarse a dedo?
