Uno de los debates más recurrentes en el último tiempo ha sido sobre la (in)conveniencia de avanzar hacia la gratuidad universal de la educación superior en lugar de concentrar las ayudas estudiantiles en quienes más las necesitan. Pero tras el discurso del 21 de mayo, la Presidenta nos reveló que la disyuntiva no estaba entre universalizar o focalizar, pues los beneficiarios finalmente se elegirían a dedo: ni los mejores, ni los más vulnerables. Tal cual. A partir del año 2016 accederán a la gratuidad efectiva los alumnos del 60% más vulnerable, siempre que asistan a una universidad del Consejo de Rectores (CRUCH), o a un Centro de Formación Técnica (CFT) o Instituto Profesional (IP) acreditado y sin fines de lucro.
No serán beneficiados los estudiantes más desfavorecidos económicamente, pues la mayoría de ellos (71%) estudia en universidades fuera del CRUCH, y en CFT e IP constituidos –tal como la ley lo establece para la educación superior técnico profesional- como sociedad anónima o empresa de responsabilidad limitada, ambas figuras compatibles con perseguir fines de lucro.
Tampoco se considerará la calidad de la institución, pues entonces debiera incluirse a alumnos de instituciones fuera del CRUCH que de hecho exhiben mejores cifras que algunas que sí pertenecen a éste. Y es que al interior del CRUCH hay una alta heterogeneidad: así como la Universidad Católica y la de Chile tienen 7 años de acreditación, hay otras universidades con tan sólo 3 años. De esta forma, el promedio de acreditación de las 25 universidades que lo componen es de 4,8 años, algo por debajo de los 5 años de acreditación promedio de las 8 universidades privadas que, sin pertenecer al CRUCH, están adscritas al sistema de admisión vía PSU.
Así, este anuncio da cuenta de la improvisación con que se ha abordado el tema, y lo que es peor, de cómo un Gobierno que recurrentemente ha apelado a la igualdad para justificar sus reformas, hoy está discriminando de forma arbitraria e injusta a los estudiantes más vulnerables del país, dejándolos fuera de una política que, si en algo tenía consenso, era en que ellos debían ser incluidos.
Columna de María Paz Arzola, Investigadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, publicada en PULSO.-
