Reproducimos esta columna de Juan Carlos Hidalgo del CATO Institute, que fue publicada en La Nación Costa Rica.

El programa “Puente al Desarrollo” de la administración Solís es una copia deficiente de un plan chileno cuyos resultados son de por sí ambiguos.

La semana pasada señalaba que los planes estatales para combatir la pobreza sufren de un problema de incentivos. Por un lado, a los políticos y burócratas les gusta presentar como un logro que cada año más gente reciba asistencia estatal, no menos. Por el otro, las ayudas tienden a generar dependencia en quienes las reciben, con el efecto de que terminan mitigando la pobreza, pero no reduciéndola.

Para romper este ciclo, se han introducido las transferencias condicionadas. “Puente al Desarrollo”, por ejemplo, requiere que los beneficiarios desarrollen capacidades que mejoren su empleabilidad. Además, a través de “cogestores”, se les dará seguimiento a estas familias.

El plan es básicamente una réplica de “Chile Solidario”, creado en el 2004, pero con una diferencia muy importante: el programa chileno incorpora la idea de la gradualidad en el retiro de la ayuda, la cual caduca a los 24 meses con un “bono de egreso”. El objetivo consiste en no fomentar la dependencia. “Puente al Desarrollo” también dura dos años, pero establece que luego de ese período se deja “conectadas” a las familias con las instituciones estatales para que sigan recibiendo beneficios. El incentivo a la dependencia se mantiene.

Y aún cuando “Chile Solidario” limita la duración de la ayuda, tiene un récord de efectividad dudoso. Un estudio reciente del instituto Libertad y Desarrollo analizó este y otros programas condicionales en Chile y encontró que “tienen un efecto negativo para el trabajo formal”. Además, añade que esto “Eventualmente puede afectar la capacidad de generar ingresos de estas familias (…) generándose un mayor nivel de dependencia a las transferencias provenientes del Estado”. Tener un trabajo o realizar un emprendimiento es la vía más segura para abandonar la pobreza y si estos programas impactan negativamente su consecución, resultan contraproducentes.

El problema consiste en creer que se puede reducir la pobreza de manera sostenida mediante asistencialismo estatal. La evidencia es clara en que el mejor programa antipobreza es una economía con alto crecimiento, baja inflación y fuerte generación de empleo, preferiblemente formal. Costa Rica ha carecido de la combinación de estos tres factores en las últimas décadas. De ahí que la pobreza se mantenga en un nivel similar al de 1993.