La semana pasada se votó en el Senado el proyecto de ley que prohíbe el lucro, el copago y los procesos de admisión. Éste fue ingresado en mayo del año pasado, y desde entonces ha recibido muchas críticas tanto por sus ideas de fondo como por las dudas sobre su implementación. El proyecto se redactó desde un escritorio muy lejano a la realidad de los colegios del país y quizás por eso terminó siendo una verdadera amenaza tanto para la continuidad de proyectos educativos existentes, como para la entrada de otros nuevos.

La discusión que se ha dado en el Parlamento ha estado muy lejos de lo que debieran ser las prioridades para mejorar verdaderamente las oportunidades de las familias de acceder a una educación subvencionada (municipal y particular) de calidad. El debate debió centrarse en temas sobre cómo elevar la calidad y las condiciones laborales de los docentes, cómo mejorar la gestión de las escuelas, el clima escolar y la eficiencia de cada hora de clases, cómo introducir mejores y más modernas prácticas educativas, o la necesidad de descentralizar las decisiones técnico-pedagógicas en las escuelas.

Sin embargo, durante estos meses el Gobierno puso el foco de la discusión en la propiedad del inmueble en que funcionan los colegios, las exigencias administrativas y rendición de cuentas para evitar que los sostenedores obtengan ganancias, y qué mecanismo usar para evitar que los padres pudieran complementar con recursos propios lo que entrega el Estado para la educación de sus hijos.

Asimismo, quizás lo que grafica de mejor forma cómo este proyecto equivocó sus prioridades completamente, es la idea que surgió durante su tramitación, de extender la prohibición de realizar pruebas de admisión al sector particular pagado. Esto finalmente no se materializó debido a una indicación del Ejecutivo, sin embargo, da cuenta de cómo el debate legislativo está completamente desenfocado.

Y es así como este proyecto de ley ya nos hizo perder un año. Pero esto no se acaba todavía; no sólo porque aún falta que supere otras instancias legislativas, sino porque en los próximos años se tendrán que resolver las dificultades para su implementación práctica. Quizás luego de eso quede tiempo para discutir lo verdaderamente importante en educación.

Columna de María Paz Arzola, investigadora del Programa Social de LyD, en medios regionales de El Mercurio.-