Conocidos los principales puntos del proyecto de reforma laboral y haciendo un barrido de las justificaciones de la misma por parte de autoridades de Gobierno como por algunos de sus partidarios, se señala que esta política pública permitirá "emparejar la cancha", "generar igualdad para negociar" y "mantener relaciones laborales modernas y justas".
La pregunta que surge de estas declaraciones es si efectivamente se nivela la balanza negociadora para las partes. La respuesta pareciera ser negativa. Este proyecto ha sido pensado de modo tal que cada una de sus propuestas entre sí se conectan, así la eliminación del reemplazo en la huelga y la fijación de pisos mínimos en la oferta del empleador al iniciar la negociación colectiva, no es otra cosa que imponer fuertes obligaciones a los empleadores, que no en todos los casos se encuentran en condiciones financieras de poder cumplir sin afectar el crecimiento o la existencia de la empresa.
Por su parte, el reconocimiento de la titularidad sindical implicará no sólo centrar a los sindicatos como principales sujetos de la negociación colectiva, sino que además envestirlos como la única entidad capaz de ejercer el derecho a huelga, que en principio debiera recaer en los trabajadores, independientemente de si se organizan como sindicatos o como grupos negociadores.
Asimismo, el proyecto contempla otras materias de las que poco se ha hablado, pero que pueden generar serios problemas en la marcha de la empresa, principalmente en lo que se refiere a las funciones de dirección y mando, propia del empleador, y lo referente a la extensión automática de los beneficios de la negociación colectiva a los nuevos afiliados al sindicato, la anulación de despidos y la reformulación discrecional del catálogo de prácticas desleales y anti sindicales.
Llama la atención cómo el Ejecutivo inclina la carga sólo a los empleadores sin referirse a aquellas malas prácticas de los mismos trabajadores, como es el sindicato del día después, la rotación de fueros, la responsabilidad sindical por tomas y paros ilegales, etc. Así, no podemos sino constatar como estas nuevas relaciones laborales que pretende impulsar el Gobierno incrementan el poder de los dirigentes sindicales poniendo en jaque la existencia y desarrollo de la empresa así como la capacidad de negociación individual de los trabajadores.
