La reforma laboral, como está concebida, no es un proyecto que busque centrarse en el empleo, sino que su eje es la actividad sindical, la negociación colectiva y nada más.

Así, la pregunta es si esta reforma favorece a toda de la fuerza laboral chilena. Claramente la respuesta es no, pues sus únicos destinatarios serán aquellos trabajadores (no desempleados) del sector privado (se excluyen los funcionarios públicos) afectos a un contrato de trabajo (quedan fuera los a honorarios y por cuenta propia) en empresas de más de ocho trabajadores (quórum mínimo para constituir sindicatos), por lo que sólo alcanzaría a cubrir un poco más de un 30% de toda la fuerza de trabajo.

Considerando el bajo porcentaje de cobertura, se ve con cierto temor cómo el espíritu del proyecto parte de una premisa equivocada: el fortalecimiento de los sindicatos a cualquier precio, incluso por sobre la libertad individual de los propios trabajadores, lo que se manifiesta en la titularidad sindical que busca desplazar a los grupos negociadores, la eliminación del reemplazo en huelga, la imposibilidad de que los trabajadores individualmente se descuelguen o puedan solicitar votación para censurar la comisión negociadora.

En razón de lo anterior, y sin menospreciar la labor sindical, podemos decir que este proyecto no constituye una buena iniciativa, pues parece ser más un retroceso que un avance, atendido que se centra más en los dirigentes sindicales que en los trabajadores y desempleados, coarta muchos de los espacios para que el empleador premie y promueva el esfuerzo individual y no establece incentivos que favorezcan el emprendimiento y el crecimiento económico del país.

Contrapunto del Investigador del Programa Legislativo, Sergio Morales, en Pulso