Recientemente, ha sido dado a conocer el Plan de Seguridad Pública 2014-2018 (“Seguridad para todos”) del Gobierno de la Presidenta Bachelet, mediante el cual define la estrategia que será implementada en su periodo para materializar la Política Nacional de Seguridad que data desde el 2004 y que ha sido el plan maestro de los últimos tres gobiernos.
"Respecto del contenido mismo, se debe valorar positivamente, en primer lugar, el que se trate de un plan que recoja buena parte de los avances institucionales, metodologías e iniciativas que se vienen impulsando desde la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2006-2010 del primer gobierno Bachelet y del plan Chile Seguro 2010-2014 del Presidente Piñera", opina José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de LyD.
Avanzar incrementalmente sobre las lecciones aprendidas refleja que es posible en el futuro sacar el debate de seguridad desde la política ordinaria y elevarla a una política de Estado. Es el caso de una serie de políticas públicas que, aunque algunas verán modificados sus nombres, persisten en lo esencial: el Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD), el Banco Unificado de Datos (BUD), la terapia multi-sistémica, o el Programa de Protección de la Violencia Escolar.
"También es positivo que, al igual que la ENSP y el Chile Seguro se hayan establecido metas de reducción de victimización, especialmente en dimensiones de delitos contra la propiedad que son los que aquejan al país. El quantum de la reducción siempre será elemento de debate (por ejemplo, disminuir en 10% el robo a viviendas), pero es una buena práctica que se debe mantener: genera un círculo virtuoso que conduce a mayor transparencia, escrutinio y rendición de cuenta", asegura García.
Desde la perspectiva de las aprensiones, se pueden destacar al menos tres, señala José Francisco García.
En primer lugar, el plan está excesivamente centrado en reforzar el rol de los municipios. Es cierto que en materia de seguridad, al igual que en otras políticas públicas, existe hoy exceso de soluciones centrales que no son adecuadas a los focos delictivos a nivel micro, pero de ello no se deduce darle un rol tan relevante a órganos que ni tienen las capacidades legales o potestades para tomar medidas significativas, como tampoco capacidad institucional, recursos humanos, tecnológicos, etc. "Más aún, volver a la lógica del Plan Comuna Segura sería un error, el que fue eliminado precisamente por la contundente evidencia en torno a su ineficacia y los espacios de corrupción que se generaron", agrega. Hay un peligro evidente de que se diluya la responsabilidad. El principal responsable es el Ministro de Interior y Seguridad Pública y ello no debe cambiar.
En segundo lugar, los cambios anunciados respecto de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), que data desde 2003, aunque con resultados comparables desde 2005, ha sido la principal herramienta en el país para medir este fenómeno. Para García, "mantener dicha comparabilidad es valioso. Más aún cuando ha permitido establecer las distintas metas de reducción de victimización de las anteriores administraciones".
Finalmente, en tercer lugar, se trata de un plan que implica la presentación de 17 proyectos de ley y una serie de normas administrativas. La inquietud en esta materia es obvia: la capacidad del gobierno que se ha auto-impuesto tres tantas reformas estructurales y la prioridad que le dará a esta agenda legislativa.
