REPRODUCIMOS LA CARTA DE ALEJANDRA CANDIA, DIRECTORA DEL PROGRAMA SOCIAL DE LYD, PUBLICADA EN EL MERCURIO.
El secretario ejecutivo de la reforma educacional declaró que entre el 70 y el 75% del mayor gasto en educación se destinaría a educación inicial y escolar. Lamentablemente, los números no respaldan su afirmación.
Según información oficial, se destinarían cerca de US$ 1.400 millones anuales solo para comprar (no mejorar) fierros y para realizar transferencias hacia el sector privado (si consideramos que el copago de los padres es de US$ 500 millones, la inyección real de recursos por este último concepto es solo de US$ 450 millones).
Respecto de la educación inicial, se estima que la ampliación de cobertura anunciada implicaría un mayor gasto anual de US$ 500 millones. Por su parte, cumplir el compromiso de gratuidad en educación superior al 70% más vulnerable tiene un costo adicional anual en régimen estimado de al menos US$ 1.660 millones.
Esto quiere decir que por ahora, solo el 14% del mayor gasto valorizado en educación se destinará a aumentar cobertura preescolar (no calidad) y cerca de la mitad a educación superior. La inyección real de recursos al sistema escolar es solo cercana al 13% de los recursos comprometidos a la fecha.
Del mayor gasto en educación disponible con la reforma tributaria (US$ 4.500 millones), ya se ha comprometido cerca del 80% de este, y aún no hay medidas que apunten a mejorar la calidad. Quedarían cerca de US$ 1.000 millones disponibles (recursos adicionales son inciertos, ya que dependerían de la tasa de crecimiento de nuestro país). Y si pensamos que el compromiso de largo plazo de gratuidad completa en la educación superior cuesta (al menos) US$ 4.300 millones, es imposible llegar a los porcentajes entregados por Palma hace unos días, e imposible también cumplir con la cifra comprometida de mayor gasto.