REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE MARÍA PAZ ARZOLA, INVESTIGADORA DEL PROGRAMA SOCIAL DE LYD, PUBLICADA EN VOCES DE LA TERCERA.

El Ministro de Hacienda ha señalado que de los $ 8.200 millones de dólares que supuestamente recaudará la reforma tributaria en régimen, aproximadamente $ 4.500 irán a financiar un mayor gasto anual en educación. Lamentablemente, el gobierno ha equivocado las prioridades para ese mayor gasto, y el margen disponible para nuevas iniciativas que sí apunten en la dirección correcta es cada vez menor.

Hoy el gasto anual por alumno en Chile está muy por debajo de los mejores sistemas educativos del mundo. En educación básica, por ejemplo, el gasto promedio en los países de la OCDE es de más de dos veces el de nuestro país (llega aproximadamente a $230 mil mensuales1).Es claro que Chile tiene también uno de los menores ingresos per cápita del conglomerado, pero con mayor razón esto debiera hacernos dudar de la idea de restar recursos del sistema, por ejemplo, eliminando el financiamiento compartido. Del mismo modo, debiera motivarnos a establecer cuidadosamente las prioridades; no se puede hacer todo de una sola vez.

Respecto a los compromisos hechos por el gobierno, si sólo consideramos los que se anunciaron formalmente, tenemos la promesa de campaña de financiar educación superior gratuita para el 70% más vulnerable, la creación de nuevos jardines y salas cunas, el aumento de recursos para el fondo para la educación municipal, y por último, el proyecto de ley que busca eliminar el lucro (comprando infraestructura a sostenedores) y el financiamiento compartido (sustituyendo parte de esos recursos con nuevas subvenciones).

Tan sólo en estas iniciativas se estarían comprometiendo anualmente $ 3.600 millones de dólares. Es decir, sólo quedan $900 millones para recién comenzar a hablar de cómo reformar la institucionalidad municipal, cómo mejorar la formación y remuneraciones docentes, y de cómo hacer para que cada sala de clases se encuentre en condiciones óptimas para el desarrollo de aprendizajes, entre otros.

Es evidente que el dinero no alcanza. Se hace necesario, entonces, que el gobierno revise las iniciativas que busca implementar y establezca una reformulación de la reforma educacional, de manera de 1) focalizar los esfuerzos en los alumnos y familias más vulnerables y de clase media que se han visto restringidos en la elección de una escuela acorde a sus preferencias; y 2) impulsar medidas que la evidencia señala como las claves del éxito de un sistema escolar: mejoras docentes, mejoras en gestión en las escuelas, autonomía para alinear a docentes y directivos, y espacio para el desarrollo de mejores prácticas pedagógicas.

En el otro extremo, el compromiso de una educación superior gratuita no debiera formar parte de las prioridades. El costo mínimo de cubrir con gasto público lo que hoy pagan las familias en educación superior sería del orden de $ 4.300 millones de dólares anuales en régimen, equivalentes a casi el 40% del actual presupuesto total para todos los niveles en Educación. Casi la mitad de estos recursos (46%) iría a financiar la educación superior de jóvenes provenientes del 20% de mayores ingresos, mientras que sólo 6% iría a financiar la educación de los jóvenes del 20% de menores ingresos2. Para tener un orden de magnitud, con estos mismos recursos se podría cuadruplicar el gasto actual en Subvención Escolar Preferencial (SEP) que reciben 1,7 millones de alumnos vulnerables del sistema escolar. De esta forma, el gasto por cada uno de ellos alcanzaría los $ 200 mil mensuales, acercándolos al promedio OCDE, y esta vez sí, priorizando a quienes corresponde.