REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE JORGE RAMÍREZ, INVESTIGADOR DEL PROGRAMA SOCIEDAD Y POLÍTICA DE LYD, PUBLICADA EN LA TERCERA.
Estamos ad portas de concretar un cambio en el sistema electoral binominal, se trata de una reforma que posee falencias, inconsistencias y omisiones de origen. El comentado acuerdo entre el Ejecutivo, nuevas fuerzas políticas como Amplitud y un grupo de diputados independientes lejos de hacerse cargo de la corrección de éstas, reproduce muchos de sus puntos críticos. Cuando lo que se requiere es una reforma que potencie la calidad de la política, no es del todo claro que se avance en la consecución de este objetivo.
En primer lugar, al conservar el redistritaje, siguen instaladas las dudas respecto de los criterios a partir de los cuales se realizó el diseño del mapa electoral. Situaciones anómalas como distritos con menos electores a los que se asignan más diputados que otros, siendo todos de regiones, son nudos críticos que parecen haber sido pasados por alto de parte de los suscriptores del acuerdo. Entonces, mientras la experiencia internacional sugiere que sean organismos técnicos quienes se hagan parte del diseño y actualización de los mapas electorales, para de este modo evitar la captura de los grupos que buscan optimizar sus performance electoral con el diseño de distritos, el proyecto en cuestión carece de esta mirada.
En segundo término, y en lo que respecta al aumento de diputados y senadores, habría que esclarecer que ésta se justificaría para remediar la desigualdad del voto, entendiéndola como la diferencia en el peso del voto de un ciudadano del distrito con menos electores respecto del distrito con más electores. Mientras la propuesta del Ejecutivo con 35 diputados adicionales lleva esta diferencia de sobrerrepresentación desde 6 a 4 veces, la del acuerdo original RN-DC con sólo 14 escaños adicionales produce una reducción de la sobre representación desde 6 a 3 veces. Es decir, existen alternativas que abordan de mejor manera el punto a corregir, pero parecen ser obviadas.
Por último, se han incorporado disposiciones que permitirían un facilitamiento para la constitución de nuevas agrupaciones. Que se permita la constitución de partidos en una única región no parece ir en la línea de la promoción de agrupaciones con una mirada amplia en perspectiva nacional, sino que es mas bien una medida que puede ser empleada para la constitución de agrupaciones que sean eco de liderazgos personales e intereses particulares. Por otra parte, se plantea reducir el límite del gasto electoral para aumentar la competencia, medida que de no acompañarse con otras acciones, contra intuitivamente, sólo beneficiará a los candidatos que buscan la reelección, pero no a los desafiantes.
Dado el panorama actual, en las próximas semanas es probable que generen aproximaciones entre la posición del Ejecutivo y RN con el objetivo de alcanzar un consenso más amplio y, de paso, dotar de mayor legitimidad a la reforma electoral. Sin embargo, es preciso que de existir dicha negociación, se tomen en consideración los puntos mencionados, de lo contrario estaremos frente a una reforma que obviando una perspectiva sistémica se comprenderá como "pro-políticos", pero no como "pro-política".
