El Ministro de Interior y Seguridad Pública ha dado a conocer recientemente el convenio interinstitucional 2014-2018 para la prevención y persecución del micro tráfico de drogas a nivel barrial y contra organizaciones criminales, entre dicha cartera, el Ministerio Público y las policías (Carabineros de Chile y PDI). Destaca como parte del convenio el que está orientado a coordinar esfuerzos, y plantea intervenir, de manera gradual y progresiva, al menos 100 barrios críticos en el período 2014-2018. Para 2014 se acuerda, además, realizar al menos 80 procedimientos focalizados y lograr desarticular al menos 15 organizaciones ilícitas para el tráfico de drogas. Las definiciones en torno a los barrios críticos que serán incorporadas quedará en manos de una Mesa Nacional de Coordinación Interinstitucional que la de manera anual irá incorporando barrios incrementalmente.

"Si bien se trata de una buena señal en la medida en que hay consenso en la necesidad de actuar en materia de prevención y persecución del micro tráfico y las organizaciones criminales, es necesario precisar algunos aspectos del convenio para ir generando políticas públicas de largo plazo y con visión sistémica", señala José Francisco García, Coordinador de Políticas Públicas de LyD.

En primer lugar, se trata de un paso necesario pero que requiere ser el punto de partida de un Plan Maestro interinstitucional contra el Narcotráfico, el cual debiese contar con una serie de objetivos específicos y plazos para alcanzarlo.

Según José Francisco García, los desafíos importantes en esta materia son, entre otros:

• disminuir la internación de drogas a través de las fronteras, terrestres, marítimas y aéreas, y dificultar su transporte
• dificultar la comercialización de las drogas en el territorio (por ejemplo, mediante sistemas de bloqueo de señales de teléfonos celulares en las cárceles o la adopción de la norma ETSI que asegure –previa  autorización judicial– la interceptación de todo tipo de transmisión de voz y datos);
• estrategias de desarticulación de organizaciones criminales nacionales e internacionales dedicadas al tráfico de drogas con base territorial, incorporando el análisis patrimonial en las investigaciones por tráfico de drogas, perfeccionando los procedimientos de cumplimiento de los decretos de expulsión de narcotraficantes extranjeros;
• creación un registro de narcotraficantes con decretos de expulsión y su disponibilidad para los agentes de control;
• creación de una base de datos pública de imputados por tráfico de drogas, que se encuentren con órdenes de detención.

En segundo lugar, en la definición de los 100 barrios críticos no sólo debiese tomarse sobre la base de la conformación de un catastro nacional de sectores o barrios con mayor intensidad de tráfico de drogas, sobre el cual se van definiendo interinstitucionalmente las prioridades de intervención, sino también sobre los factores de riesgo que están impactando en materia de delitos y violencia. Ello permitirá tener una mirada sistémica a la intervención. Es por ello que se debe integrar los programas focalizados en barrios actualmente existentes, tales como Barrio en Paz. "Resulta fundamental la inclusión de los Municipios y a la comunidad en estos esfuerzos. Construir sobre experiencias como la 'Iniciativa Legua', un modelo de intervención exitoso que dejó el gobierno anterior, permitirá ir consolidando políticas públicas en la materia", advierte el experto.

En tercer lugar, para García, se debe ser particularmente estricto con el funcionamiento de la Mesa Nacional de Coordinación Interinstitucional (sus objetivos, plazos, acuerdos, cumplimiento, evaluación, etc.), dado que, en general, las experiencias de coordinación interinstitucional en este ámbito no han sido buenas, y relacionados con la idea misma de la coordinación bajo nuestro derecho administrativo. Ello ocurre típicamente cuando estas instancias son sobre la base de acuerdos no vinculantes más que por instrumentos específicos que sí lo hacen.