Con el objetivo de conocer las opiniones de quienes conocen el día a día de la educación escolar, hicimos un sondeo entre profesores, directores, sostenedores y, en general, personas que trabajan en establecimientos educacionales. En total, recibimos 791 respuestas entre los asistentes al Seminario Calidad y Gestión en Educación 2014, organizado por LyD a comienzos de junio, y quienes contestaron la encuesta en línea durante el resto del mes. A continuación, resumimos los principales hallazgos.

Respecto al conocimiento del proyecto de ley enviado por el Gobierno en el mes de mayo, 68% de los encuestados señaló que, además de saber que su objetivo es terminar con el lucro, el financiamiento compartido y la selección escolar, conoce más sobre la propuesta. En cuanto a la opinión que les merece esta iniciativa, sólo 14% de los encuestados dijo creer que ésta contribuye a mejorar la calidad de la educación, mientras que un 78% piensa que no contribuye.

Sobre los principales ejes del proyecto, la mayoría de los encuestados tiene una posición bastante contraria a las ideas base sobre las cuales éste fue construido (Cuadro N°2).

Respecto al lucro, sólo 24% se declara en contra de que dueños de colegios que cumplen con la normativa perciban ganancias, mientras que el 59% se muestra de acuerdo. Dado que hoy tenemos una institucionalidad conformada por la Agencia de Calidad, que revisa y apoya en el cumplimiento de estándares de calidad por parte de las escuelas, y además una Superintendencia, que fiscaliza el cumplimiento de la ley y el buen uso de los recursos; la mayoría de los encuestados parece confiar en la labor de éstas para desde ahí juzgar a los sostenedores.

Respecto al financiamiento compartido que el proyecto en tramitación busca terminar, sólo dos de cada 10 encuestados cree que éste es un mecanismo injusto. Por el contrario, seis de cada 10 creen que es justo que a los padres se les pueda hacer un cobro obligatorio.

Respecto a la selección y expulsión de alumnos, 71% contestó que deben existir procesos de selección según el proyecto educativo del colegio (religioso, deportivo, alta exigencia, artístico, etc.), y 75% que los alumnos que incumplen los reglamentos deben poder ser expulsados. Quienes trabajan día a día en los establecimientos educacionales entienden que estos mecanismos no necesariamente son arbitrarios o injustificados, sino que forman parte del proceso escolar normal.

Consultados también por otros temas -que si bien no están hoy en el centro del debate, sí forman parte de las discusiones en materia de políticas escolares-, la mayor parte de los encuestados (60% versus 24%) se mostró a favor de que los sueldos docentes se puedan ver incrementados según su desempeño en clases y los resultados de sus alumnos. Además, la mayoría (73% versus 11%) señaló que el Estatuto Docente es una barrera para mejorar la calidad de la educación municipal en Chile.

En cuanto a la prueba SIMCE, 50% de los encuestados indicó que entrega información útil para saber cómo se encuentran en comparación con los demás colegios, versus un 28% que se declara en desacuerdo con esta idea. Esto da cuenta de que a nivel escolar este instrumento es bastante apreciado, y las críticas que surgen cada cierto tiempo por parte de algunos sectores, no necesariamente están respaldadas por quienes realmente se ven involucrados en este tipo de evaluaciones.

En conclusión, las opiniones de quienes trabajan día a día en los establecimientos de educación escolar no están alineadas con los instrumentos que escogió el Gobierno para iniciar una reforma del sistema escolar. Por el contrario, a los encuestados parece no molestarles ni el lucro, ni el cobro de financiamiento compartido a los padres, ni la selección escolar. Sí les disgusta el Estatuto Docente y no poder acordar las remuneraciones de acuerdo al desempeño en la sala de clases. Dada la relevancia de avanzar en materia educacional, el Gobierno debiera considerar estos asuntos que por lo demás, sí han mostrado una relación con la calidad del sistema escolar.