REPRODUCIMOS LA COLUMNA DE CONSTANZA HUBE, INVESTIGADORA DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DE LYD, PUBLICADA EN EL DÍNAMO.
Esta semana comenzó a discutirse en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el proyecto que pone fin al lucro, al financiamiento compartido y a la selección. Si bien una parte de la presentación del Ministro estuvo centrada en la necesidad de invertir recursos en profesores y en mejorar la calidad de la educación, la realidad es que la iniciativa presentada está muy lejos de lograr algo en esa línea.
Uno de los objetivos de este proyecto es terminar con el lucro en educación escolar lo que va a afectar a 3.500 colegios que hoy están constituidos como sociedades comerciales y a 1.200.000 niños que asisten a estos establecimientos educacionales. Aún es incierto qué ocurrirá con estos colegios, ya que son varias son las posibilidades: a) Cerrar; b) Convertirse en particular pagado; c) Vender al Estado el inmueble y luego de 12 años él decide a quién le entrega la administración del colegio (sostenedor público o privado); o bien puede convertirse en fundación o corporación y seguir funcionando de esta manera.
¿Mejora en algo la calidad de la educación esta reforma? Indudablemente que no. ¿Afectará a sus padres su derecho a elegir? Ciertamente que sí. En una encuesta recientemente publicada, se preguntó a los padres cuál es su nivel de satisfacción con la educación que reciben sus hijos. El 60% de los encuestados evalúo el establecimiento en el que estudian sus hijos con nota 6 ó 7, mientras que sólo el 2% lo evalúa con nota 1 ó 2.
Un punto importante –especialmente por los efectos que tendrá la reforma- es que a partir de la evaluación que los padres realizan de los establecimientos en los que estudian sus hijos, un 82% no cambiaría a sus hijos de colegio. Es especialmente relevante esta respuesta, ya que tomando en cuenta que un porcentaje importante de colegios particulares subvencionados cerrará o se convertirá en particular pagado, muchas familias se verán forzadas a cambiar a sus hijos de establecimiento educacional.
Otro punto relevante es la prohibición que se establece a los padres para que puedan aportar a la educación de sus hijos vía financiamiento compartido. A simple vista, pareciera que con la cantidad de recursos que se van a invertir en estas propuestas y el apuro con el que fue presentado el proyecto, el término del copago viene a hacerse cargo de una verdadera prioridad. Sin embargo, la realidad es que esto no es así. De acuerdo a la misma encuesta, la calidad es la prioridad para los padres con hijos en edad escolar. Es en este aspecto, y no en la gratuidad en el que según ellos debiese centrarse la reforma educacional.
Es más, el 66% de los padres declara que ante una eventual eliminación del copago, seguiría destinando recursos para mejorar la educación de sus hijos, mientras que el 33% restante declara que los utilizará para otros gastos del hogar. Esto quiere decir que de eliminarse el copago, ese 66% de las familias invertirá esos recursos en beneficio exclusivo de sus propios hijos, y no del colegio al cual asisten, por lo que las desigualdades –objetivo aparente de este proyecto- se agudizarán aún más.
A pesar de que la calidad es la principal preocupación de las familias, está claro que este proyecto no aporta en nada a mejorar la educación. Pareciera estar basado más bien en la idea de que los padres ignoran lo que realmente quieren o se equivocan al elegir.
Es de esperar que durante la discusión legislativa se deje de ignorar a quienes son los principales educadores de los niños: sus padres.
