16 de junio de 2014

AFP ESTATAL: MÁS INTERVENCIONISMO

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Sergio Morales

Este lunes la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que crea una AFP Estatal. Iniciativa que no sorprende, pues había sido anunciada durante su campaña presidencial y forma parte de los 56 compromisos en los 100 primeros días de Gobierno.

Según Sergio Morales, investigador del Programa Legislativo de LyD, la creación de este nuevo ente fiscal respondía a la idea de que el Estado era el único que podía rebajar las comisiones por la administración de los fondos y dar mayor cobertura al sistema de pensiones. “Sin embargo, todo ha tambaleado con la incorporación obligatoria de los trabajadores independientes que perciben rentas por boletas de honorarios para 2015 y el resultado de la última adjudicación de cartera de nuevos afiliados”, explica.

Fue así como finalmente se perfiló un nuevo discurso por parte de La Moneda indicando que la AFP estatal vendría a “dar legitimidad al sistema” y “restablecer la fe pública en materia de pensiones”. Frente a este punto el investigador señala que: “Esto implica más que una medida técnica, una decisión política que conlleva que el Estado intervenga con mayor fuerza en el mercado. Siguiendo esta lógica, este mismo argumento nos llevaría a preguntarnos si a futuro debiésemos crear un supermercado, una tienda de retail o una compañía de seguros de propiedad de Estado. ¿Esa es la dirección que queremos tomar?”.

Asimismo, recientemente la Presidenta Bachelet indicó que la iniciativa busca dar cobertura a sectores que no serían de interés de la industria, dentro de los que destacan grupos de personas con rentas bajas, mujeres, personas que trabajen lejos de los grandes centros urbanos.

A juicio del abogado esta afirmación no deja de ser inapropiada. “Toda vez que por disposición legal todo trabajador que preste servicios bajo dependencia y subordinación debe cotizar en una AFP, afiliación que es automática y obligatoria y que no depende del valor de la remuneración, el sexo ni el lugar de trabajo del afiliado. Además, a esto se agrega que de acuerdo a las bases de la licitación de carteras todos estos nuevos cotizantes deberán ingresar a la AFP que se adjudicó el contrato y no a la AFP estatal. El problema sí existiría respecto de aquellos trabajadores independientes no obligados a cotizar, los cuales debieran incorporarse al sistema mediante eficientes programas de educación previsional a fin de que coticen por la cantidad que les asegure una tasa de reemplazo acorde con sus ingresos mensuales”, comenta.

También se ha señalado, como nuevo argumento justificativo, que la AFP contribuirá a dar mayor competencia al mercado, la cual gracias al sistema de licitación de carteras de nuevos afiliados se ha potenciado y ha alcanzado los resultados esperados en cuanto a una rebaja sustantiva en las comisiones y en la mejora del servicio.

“Esto ha quedado de manifiesto recientemente con la adjudicación de cartera de Plan Vital , el cual ofertó una importante rebaja de su comisión desde 2,36% a 0,47%, después de este hecho, ¿será posible mayor competencia? Por lo demás, la incorporación de un órgano estatal puede significar una importante barrera a la entrada de nuevos actores al sistema, a lo que se suma las dudas respecto de las instrumentalización del organismo para financiar, con los fondos de sus afiliados, proyectos de Gobierno que no siempre aseguran rentabilidad”, explica el investigador.

Por otra parte, se debe considerar el deber constitucional del Estado de supervigilar los sistemas de seguridad social y garantizar el acceso de las personas a prestaciones básicas. Respecto a este punto Morales comenta que: “Los recursos que se invertirán en crear esta nueva institucionalidad debieran ser destinados a mejorar el pilar solidario y generar eficientes incentivos para cotizar”.

Finalmente el abogado agrega: “Las políticas públicas para mejorar las pensiones mediante una tasa de reemplazo más acorde con el promedio de remuneración del cotizante debieran ir por revisar la edad mínima de jubilación, el aumento de la cotización mínima obligatoria, la promoción de los ahorro provisionales voluntarios, buscar cómo minimizar las lagunas previsionales y una adecuada educación previsional de los cotizantes”.